La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con un contrato adjudicado en diciembre de 2022 para la implementación de un sistema de validación nacional en estadios de fútbol.

De acuerdo con las investigaciones, la exfuncionaria habría ignorado advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre irregularidades en el trámite precontractual.

Pese a ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta, cuyo costo ascendió a $4.950 millones de pesos, sin realizar los estudios de mercado ni justificar la contratación directa en lugar de una licitación pública.

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El contrato, ordenado bajo el Decreto 1622 de 2022, tenía como propósito diseñar e implementar un sistema que vinculara boletos de ingreso a estadios con la identificación de los asistentes y verificara antecedentes judiciales para restringir el acceso a personas sancionadas.

Sin embargo, según los hallazgos de la Fiscalía, el objeto finalmente contratado fue distinto, pues solo se realizó un análisis para la implementación del sistema, contraviniendo el mandato original.

El ente acusador sostuvo que Urrutia habría direccionado el contrato para beneficiar a una persona específica, condicionando la adjudicación a que los intermediarios subcontrataran a dicha persona.

Esta conducta, según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, vulneró los principios de transparencia y concurrencia estipulados por la ley.

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Además, los documentos previos del contrato, suscritos por Urrutia, incluyeron información falsa sobre la viabilidad técnica del proyecto y omitieron los pasos necesarios para determinar el precio adecuado de las actividades previstas.

Por otra parte, la Fiscalía resaltó que funcionarios cuyos avales aparecían en el expediente no participaron en la elaboración de los estudios técnicos, lo que refuerza la presunción de falsedad ideológica en el trámite administrativo.

El caso seguirá en manos de la justicia para determinar la responsabilidad de la exministra en los hechos denunciados. La audiencia de formulación de cargos continuará en las próximas semanas.

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