El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que en febrero próximo será radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende incrementar las sanciones contra los conductores de vehículos que prestan servicios a través de plataforma. 

El documento, dijo el ministro, busca modificar todo el régimen sancionatorio del sector transporte. “Nos vamos a ocupar del tema de cómo vamos a luchar contra la informalidad e ilegalidad en el transporte”, precisó. 

Reyes indicó que la propuesta de ley, además, es una respuesta a las solicitudes realizadas por el gremio de taxistas que, desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, ha insistido en la necesidad de que se regule el servicio de transporte que, de manera informal, prestan  particulares por medio de estas aplicaciones. 

“Esta es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados para cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre)”, dijo el ministro a través del Sistema Integrado de Información. 

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Aunque en el anuncio la cartera de transporte dijo que el proyecto de ley será socializado a fin de crear estrategias que permitan hacer frente a la ilegalidad en el transporte público, la decisión no ha tenido buena acogida por parte de algunos sectores que sostienen que de esta manera se estaría violando el principio de neutralidad de red.

“Nosotros no podemos permitir que en carros particulares y en motocicletas se preste un servicio público de transporte que no esté formalizado”, señalo Guillermo Reyes en sus declaraciones.

Podrían desaparecer 

Aunque aún se desconocen los detalles del proyecto de ley, han salido a la luz pública algunos puntos que se estarían contemplando por parte de la Superintendencia de Transporte en su borrador, para dejar sin operación a las plataformas que intermedian los servicios de transporte. 

De acuerdo Alianza In, el gremio de aplicaciones e innovación de América Latina, el proyecto de ley de régimen sancionatorio tendría graves consecuencias para el mercado de aplicaciones de movilidad en el país.

Su director ejecutivo, José Daniel López, alertó a través de las redes sociales que esta ley, de aprobarse, estaría dejando a más de cien mil personas sin fuentes de ingresos. 

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Advirtió que no solo se aumentarán las sanciones para los conductores que prestan servicios por plataformas, sino que también serán sancionadas las personas que adquieran esos servicios.

“¿Qué pasa con la gente que se mueve usando apps? También llevan del bulto: multas de más de $10 millones. Y su derecho a elegir, borrado de un plumazo”, escribió López en su cuenta, en la red social Twitter.

Afecta a los usuarios y conductores

Álvaro Gómez, vocero del gremio de conductores de aplicaciones en Cúcuta, dijo que  aunque con el proyecto de ley el Gobierno del presidente Petro pretende responder al gremio de taxistas, también tendrá en este caso que valuar el impacto que tendrán estás sanciones para las familias que encuentran en este trabajo el sustento de sus hogares. 

“Esperamos que pronto la intención del Gobierno, si es no querer las plataformas de transporte privado que se ejercen actualmente por esas empresas internacionales en el territorio nacional, sea de pronto con alguna plataforma nacional que se proponga al Ministerio de Transporte”, indicó.

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Por su parte, Hugo Santiago, coordinador de la Veeduría de Movilidad de Cúcuta, también es crítico de la propuesta de ley. 

“Preocupa que en Colombia se quiera endurecer las penas en vez de educar. Si queremos es evitar que ellos trabajen de forma ilegal, pues busquemos un seguro extracontractual y ahí se responde al reclamo de los taxistas, entonces que el otro lo pague también”,  opinó. 

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