El pasado 28 de mayo, el Gobierno nacional suscribió la Ley 2356 que elimina beneficios y subrogados penales para los condenados y detenidos preventivamente por feminicidio. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que “si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos. Ahora se restringen aún más”. 

¿Qué establece la nueva ley? De acuerdo con el ministro, para los condenados por feminicidio simple o agravado, no se concederán beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria como reemplazo de la prisión. Tampoco accederán a prisión domiciliaria cuando hayan cumplido con la mitad de la condena. 

La ley aplica incluso a quienes se encuentran en etapa de imputación por el delito de feminicidio, quienes no podrán sustituir la detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención domiciliaria.

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Expectativas

Esta ley surge en un contexto en el que, según la Fiscalía General de la Nación, existen 642 casos reportados por violencia contra las mujeres; mientras que sólo en Cúcuta, al cierre de 2023, las comisarías de familia recibieron más de 3.200 denuncias por violencia de género. 

Para la concejal Vanessa Arenas, abanderada de la lucha por la equidad de género en Cúcuta, este número de casos son “potenciales casos de feminicidio”, dice, y asegura que  tipo medidas como la Ley 2356 no son suficientes. “Definitivamente endurecer penas no ha funcionado en Colombia”, asegura. 
 

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“A los agresores, nublados en su razón, no les importan las consecuencias, ellos no piensan en lo que les puede pasar en una cárcel”, apunta la concejal, y considera necesario aumentar la pedagogía para lograr detectar desde el hogar a un posible feminicida. 

Frente al alto índice de violencia basada en género en el municipio, el Plan de Desarrollo Municipal contempla una serie de acciones al respecto, como el fortalecimiento y aumento de las comisarías de familia que, según el también munícipe Oliverio Castellanos, es fundamental, pues “si no fortalecemos las comisarías de familia efectivamente no habrá seguridad en la ciudad, porque cada día se va generando más inseguridad en el entorno familiar”, donde la violencia basada en género está entre los principales flagelos.
 

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La consolidación de campañas educativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes sobre prevención de violencias, así como formación pedagógica sobre masculinidades no violentas en colegios y escuelas, es otra de las apuestas preventivas que contemplan el plan de desarrollo municipal en materia de violencias basadas en género.

Una meta ambiciosa es la construcción de las casas refugio, en las que garantizará de manera gratuita el alojamiento y alimentación provisional a mujeres y sus hijos e hijas o personas a cargo, que llegan a través de la emisión de una medida de protección. 

El reto radica en el presupuesto disponible para llevar a cabo estos programas. “Es un plan desfinanciado”, insistió Arenas, “será un gran desafío para la administración y la sociedad disponer de los recursos, pues solo hay 11.000 millones de pesos para la Secretaría de Género, en todo el cuatrienio”, advirtió. 

Las alianzas público privadas, así como las cooperaciones con organizaciones internacionales y el Gobierno nacional, son las fuentes de financiación que desde ya se tienen en consideración para la consolidación de estos programas. 

Acciones nacionales

Tras la aprobación de la Ley 2356, el Ministro de Justicia anunció que, como complemento, se estudia la posibilidad de crear una especialidad dentro de la administración de justicia para la atención de casos de violencia de género.

También se refirió a una reforma constitucional que ya está en curso , que fue presentada por una bancada de mujeres en el Congreso de la República, “que nosotros hemos apoyado y que lo llaman ‘la creación de la jurisdicción de mujeres”, dijo Osuna.
 

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