El contexto político y social en La Guajira es complejo, con una historia de corrupción y desafíos socioeconómicos. Los clanes políticos han tenido una influencia significativa, y las elecciones recientes han mostrado un cambio en los nombres pero el origen es el mismo.

En los primeros 100 días del período de gobierno 2023-2027 hemos sido testigos de un comienzo que ha generado una mezcla de expectativas y preocupaciones, porque si bien no existe norma que imponga un mínimo de realizaciones, también es cierto que se volvió costumbre informar lo que se haya llevado a cabo, y a menudo es visto como un indicador de la dirección y la eficacia con que los gobernantes electos abordarán los desafíos y cumplirán sus promesas de campaña.

Por el momento, los gobiernos municipales y, el departamental, concentran su trabajo en la estructuración y definición del Plan de Desarrollo para promover el progreso equitativo y el bienestar en los 15 municipios del departamento, y en tal sentido es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.

Es importante reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora, que es nada más allá de Instagram y pasarela, sobre todo en un departamento que lo tiene todo, pero así mismo hace falta de todo porque todo se lo han robado. Solo falta que se roben el aire y la luz del sol.

En términos generales, parece haber un impulso renovado hacia el cambio para mejorar la calidad de la gestión pública. Los alcaldes y el gobernador electos han lanzado una serie de iniciativas prometedoras en áreas críticas como infraestructura, educación, salud y desarrollo económico, junto con la promesa de un diálogo abierto y transparencia en la gestión. Otra cosa es lo que pase durante el período de gobierno y las decisiones que lleguen a tomar los órganos de control y judiciales.

La Guajira sigue enfrentando problemas crónicos como el agua, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la inequidad social. Solo hay que mirar el escándalo de los carrotanques comprados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Si bien es comprensible que estos problemas no se resuelvan de la noche a la mañana, es crucial que los gobiernos del departamento de La Guajira marquen distancia con sus decisiones tomando medidas concretas y sostenibles para abordar la solución de los problemas de manera honesta. No puede seguir siendo costumbre que los contratos estatales en la gobernación y municipios del departamento de La Guajira no se suscriban para llevar a cabo las obras públicas sino para robarse la plata.

Ahí está, por ejemplo, el contrato para la rehabilitación de la vía La Florida/Cuestecitas respecto del cual nadie responde, y más etcéteras.

La situación de la infraestructura en algunas áreas sigue siendo preocupante; las carreteras en mal estado dificultan el acceso a servicios esenciales obstaculizando el desarrollo económico y alejan el progreso general del departamento.

Además, es fundamental que se priorice la educación y la salud. La Guajira necesita invertir en la formación y el desarrollo de su capital humano para poder competir. Del mismo modo, se deben implementar políticas efectivas para mejorar el acceso a una atención médica de calidad, especialmente en las comunidades indígenas.

Es crucial que los alcaldes y el gobernador continúen escuchando las necesidades de la comunidad, tomando medidas audaces y trabajando en colaboración con todos los sectores para construir un futuro más próspero y equitativo para los guajiros. Y también es crucial que los guajiros se vinculen de manera efectiva al seguimiento de la ejecución de los planes desarrollo.

PUNTOAPARTE. Interpretan los resultados de una encuesta diciendo que el gobernador de La Guajira es el mejor y el más influyente. Ni lo uno ni lo otro. Lo que dicen los resultados de la encuesta es que el gobernador de La Guajira está entre los 10 primeros del país y el tercero del caribe en “impacto digital”. Y es cierto, porque se le ve en todas las redes sociales desfilando, y ese es el impacto digital.

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