Muchos colombianos miramos con preocupación cómo se derrumban las instituciones del Estado por el afán de implantar los acuerdos de La Habana de los que cada día surge algo nuevo.
Desde el intento de atiborrar la Constitución con el texto acordado como “bloque de constitucionalidad”, pasando por el fast track para que el Congreso apruebe lo que se le ocurra al Gobierno, hasta la insólita propuesta de que se declare la Conmoción Interior (léase Estado de Sitio) para que se legisle por decreto presidencial, todo es un atropello a la juridicidad y a la voluntad popular expresada en el plebiscito.
“Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando….”. Darío Acevedo Carmona. (El Espectador 6 noviembre de 2017)
En cuanto a la actividad política la cosa es más grave aun porque se viola la Constitución al aceptar las candidaturas de quienes han cometido delitos atroces, y se les permita usar en las campañas el dinero del narcotráfico. Sólo falta que la JEP meta a la cárcel a los críticos de las Farc.
El Presidente fue adecuando el gobierno y las normas para favorecer a sus propios candidatos. Por ejemplo, el ministro Cristo logró hacer prohibir la reelección presidencial para atajar a Alvaro Uribe, y ahora es candidato sin ese obstáculo. Y el doctor De La Calle saltó, sin reato, de negociador oficial a candidato presidencial.
Pocas veces en Colombia ha habido un ex presidente con el respaldo popular que tiene el doctor Álvaro Uribe como reconocimiento a su enorme obra de gobierno que salvó al país, de suerte que si fuera candidato sería elegido sin duda alguna.
Pero, desde el gobierno y las Farc se busca frenarlo como sea, haciendo creer, entre otras cosas, que su carácter propio del buen gobernante es el talante de un dictador. Es una estrategia que va en contravía de la mayoría de colombianos.
En ocasiones se ha acudido al pueblo como constituyente primario considerando que el marco jurídico es estrecho para el ejercicio de la democracia. Fue el caso del doctor López Michelsen quien se postuló como candidato a la Presidencia a nombre del MRL a pesar de que la Constitución del Frente Nacional prescribía que para el período 1962 – 1966 el Presidente debía ser Conservador. López alegó que si el pueblo lo elegía se habría expresado el poder popular constituyente para modificar la Carta. Se le contabilizaron más de 600.000 votos.
En 1990, un numeroso grupo de estudiantes, entre los que estaba el actual Procurador General Fernando Carrillo, creo un movimiento para introducir en las elecciones parlamentarias una séptima papeleta convocando una Asamblea Constituyente. En un principio esa papeleta se consideró ilegal, pero, aunque nunca se contabilizó, fue declarada legítima por la Corte Suprema de Justicia y así nació la Constitución de 1991.
Ante el desplome de las instituciones, ante el desgobierno actual, ante el peligro de caer en un una violencia peor se puede promover la introducción de una “séptima papeleta” para elegir Presidente al doctor Álvaro Uribe Vélez, que fue pérfidamente inhabilitado para impedir que los colombianos votemos por él.
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