Todos necesitamos un lugar para vivir, por eso es un derecho fundamental que todos tengamos derecho a una vivienda digna. No obstante, UNHabitat señala que para el 2017, mas de 100 millones de personas no tienen un techo y más de mil millones viven en asentamientos precarios. Igualmente y de manera progresiva decenas de millones de habitantes se ven forzados a abandonar su hogares por fenómenos como la violencia o un gobierno tiránico.
Otro tanto gracias a las dinámicas económicas, ven amenazado su derecho a la vivienda por las cuotas de arriendo e hipotecas.
¿Por qué sin embargo hay tantas personas sin casa y casas sin gente? ¿Por qué la ciudad se volvió un conjunto desarticulado de urbanizaciones de lujo y barrios informales pobres? ¿por qué se derrocha en grandes infraestructuras que carecen de estudios técnicos rigurosos, o en eventos feriales a los que no asiste una gran mayoría, existiendo otras necesidades que requieren urgente solución? Adónde van parar o como se destinan realmente esos recursos?
¿Cómo se toman esas decisiones… o desde dónde? Las respuestas son múltiples y complejas dependiendo del contexto cultural, social, económico e institucional. Pero prevalece un elemento estructural que debe tenerse en cuenta para garantizar el acceso y derecho a la ciudad: La función social y ecológica de la tierra y de la propiedad.
Desde Aristóteles, Santo Tomás, Comte y Duguit, pasando por la Biblia y el Corán hasta las cosmovisiones pasadas y presentes de pueblos indígenas de todo el planeta, se resaltan criterios de apropiación y redistribución socialmente equitativa de la tierra como soporte de las actividades productivas y que contiene otros atributos de disfrute común como los recursos hídricos y los bosques. Afortunadamente, este principio quedo contenido en nuestra Constitución y en la Ley 388 de 1997 como resultado de las pugnas y tensiones por una reforma agraria y urbana presentes a lo largo del siglo pasado.
De esta manera, Colombia es un país que en sus leyes contempla la tierra como un bien común y como un hecho social al que todos deben poder acceder, y no solo como un bien económico que se vende y compra según las leyes del libre mercado. La función social y ecológica de la tierra y de la propiedad implica mecanismos tales como la obligación de determinados porcentajes en los desarrollos inmobiliarios para destinarlos a vivienda social, espacio público y equipamentos que hagan mas equitativa la ciudad; la separación del derecho de propiedad del derecho de edificación, instrumentos de financiación como la captación de plusvalías, que mas por debilidad institucional y falta de estudios y rigor técnico no han sido bien aplicados en nuestra ciudad.
Para el logro de una ciudad mas equitativa, se debe superar la resistencia de los sectores que basan su economía en dinámicas especulativas, disponer de una buena voluntad política y entender que existen barreras culturales y falsas dicotomías que la extrema derecha a la que todo lo que signifique equidad y justicia le suena a izquierda oxidada, bajo un discurso que para un país que requiere grandes esfuerzos e inversiones en los aspectos sociales ha demostrado su fracaso. No por nada, Naciones Unidas considera que para transformar la realidad injusta de nuestras ciudades, se requiere poner en práctica estos principios para que todos accedan al suelo y la vivienda. ¿Estarán nuestros nuevos gobiernos a la altura de estos desafíos? De esta respuesta depende para quienes serán las ciudades en el futuro inmediato.
Arquitecto, Esp. Planificación Urbana y Regional, MG GESTIÓN URBANA.
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