Entre los costos de productividad el de la inseguridad es un costo más estudiado. Las empresas gastan muchísimo dinero en vigilancia privada, en la protección de sus funcionarios con escoltas y carros blindados y en la investigación de los delitos cometidos por los propios funcionarios, y pierden mucho por robos “hormiga”. Es verdad que ese costo ha disminuido desde principios de siglo, por la política de seguridad democrática, y que debería haber bajado más por el acuerdo de las Farc con Santos, pero en la medida en que el proceso quedó mal diseñado, el Estado no ha podido ocupar institucionalmente los territorios dejados por las Farc y hoy se los disputan entre grupos armados organizados. La producción de coca está disparada y las cifras de homicidio, en lugar de bajar, aumentaron el año pasado. El CICR dice que subsisten al menos cinco conflictos armados en Colombia.
El punto es que tenemos un orden jurídico, una institucionalidad estatal, una doctrina militar, una estructura de fuerza y un presupuesto para las Fuerzas Armadas propias de post conflicto y una realidad de conflicto armado. Esquizofrénico. Para rematar, en la sociedad ya no hay consensos mínimos sobre cómo enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y a los violentos, ni sobre los límites para el uso de la fuerza legítima del Estado. Como resultado de todo, los empresarios siguen gastando muchísimo en seguridad, dinero que debería emplearse en inversión.
Otro costo ya suficientemente diagnosticado es el de infraestructura. Colombia es un país inusual, rarísimo, en el cual las grandes ciudades, con la excepción de Barranquilla y Cartagena, están entre montañas y alejadas de las costas y de ríos navegables. Moverse entre las ciudades y exportar es complejo y caro. Este Gobierno ha hecho una tarea de aplauso solucionando los problemas de financiación de las 4G y está apostando por una compleja red de vías terciarias para conectar veredas con municipios, zonas agrícolas con las ciudades. Pero el país tiene que conectarse con los llanos y la Orinoquía, incluyendo la integración fluvial Meta Orinoco, despensa del país, resolver de manera definitiva la navegabilidad del Magdalena y, en especial, crear una red ferroviaria amplia y profunda. Como mínimo, trenes entre Puerto Carreño y Bogotá, entre esa ciudad y Buenaventura, y entre la capital y La Dorada, para conectar a Santa Marta. En una geografía tan ardua y difícil, solo los trenes bajaran costos que, hoy, suponen que se pague lo mismo por el transporte desde Europa y Asia hasta y desde Colombia como en los movimientos en el interior del país.
Un tercer costo diagnosticado pero no resuelto es el de la educación. La educación de calidad no es solo el gran camino de la movilidad social sino el salto indispensable para el emprendimiento, la innovación y la productividad. La educación en Colombia, la pública pero también la privada, con muy pocas excepciones, es malísima. Lo prueban los pésimos resultados en las pruebas PISA, que comparan estudiantes de los mismos niveles alrededor del mundo. Siempre estamos entre los últimos. Además, los colombianos estudian lo que no se necesita. Sobramos abogados y periodistas, por ejemplo, y urgen ingenieros, médicos, enfermeras, matemáticos, físicos, químicos, agrónomos y veterinarios. Y es indispensable que haya cada vez más técnicos y tecnólogos y no tantos licenciados. Un trabajo mancomunado con la empresa privada, el SENA y las universidades es clave para determinar necesidades y para impulsar la investigación. A la ciencia, la tecnología y la innovación solo dedicamos el 0.6% del PIB. En el 2017 se presentaron casi 2.8 millones de solicitudes de patentes en el mundo. En Colombia se presentaron 2.223 solicitudes de patentes de invención el año pasado, y de esas 415 fueron de nacionales y las demás de extranjeros que quieren proteger sus invenciones en Colombia. ¡Solo 415!
Dos reflexiones finales: el bilingüismo es una necesidad, no un lujo. Y es indispensable transitar de manera definitiva a la doble titulación en las escuelas rurales, para graduar al mismo tiempo bachilleres y técnicos agrícolas y veterinarios.
