El nuevo Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en carta a la Presidenta del Colegio Nacional Electoral, valientemente le cantó la tabla al gobierno de Venezuela, sobre las graves fallas en su supuesta democracia. Su alta posición, y el hecho de haber sido canciller del gobierno demócrata del socialista Pepe Mujica de Uruguay, otorgan a las críticas de Almagro gran autoridad intelectual y moral.

El régimen venezolano mantuvo chantajeado al anterior Secretario de la OEA durante sus dos períodos.  Los países latinoamericanos y caribeños miembros de la Organización, han permanecido mudos sobre los temas de derechos humanos y democracia, ya sea por favores otorgados a muchos de ellos, por solidaridad política o por la tesis de que Venezuela ha cumplido con la Carta Democrática suscrita por todos ellos, al ser el país que más frecuentemente ha llevado a cabo elecciones y contar con un sistema electoral moderno y “extraordinariamente eficiente”.

Pues bien, el Secretario Almagro, al responder la negativa de Venezuela de recibir una misión de observación electoral de la OEA, con ocasión de las próximas elecciones parlamentarias, puso los puntos sobre las íes:

“Entiendo que las garantías electorales no se refieren únicamente a la eficiencia”, puntualizó Almagro. “Una elección necesita que todos los actores involucrados, ciudadanos, partidos políticos, prensa y sociedad civil en general tengan asegurado el más pleno goce de todos sus derechos civiles y políticos”, añadió.

Con un lenguaje claro y directo, la larga carta del Secretario de la OEA recoge pronunciamientos del Comité Interamericano de Derechos Humanos y denuncias de la oposición. Las observaciones más protuberantes se refieren a:

-En esta campaña, la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas.

-Los candidatos del gobierno puedan utilizar recursos gubernamentales para financiar sus campañas.

-No existen garantías de acceso a los medios de comunicación, para aquellos candidatos que no cuenten con el financiamiento del Estado.

-Grave persecución y cierre de medios de comunicación no afectos al gobierno.

-Papeletas electorales rediseñadas para crear confusión entre la lista de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad (MUD), y un partido gubernamental  inscrito a última hora.

-Inhabilitación para participar a siete destacados dirigentes de la oposición, algunos de los cuales están en la cárcel. Las inhabilidades sólo operan para dirigentes opositores, quienes han tenido problemas para presentar descargos y plantear su defensa. “Se han tenido que enfrentar a casos prejuzgados y en los que ninguna posibilidad de defensa es admitida”.

Una de las mayores preocupaciones del Secretario General de la OEA se refiere a la negación de los derechos y garantías constitucionales por vía de la declaración del estado de excepción en 23 municipios de tres estados, (limítrofes con Colombia), después del cierre de las fronteras. Estos estados de excepción limitan los derechos políticos de reunión, organización y movilización, y otorgan un excesivo poder discrecional a tres gobernadores elegidos por el partido de gobierno, el PSUV.

Ante tan descarnado diagnóstico, las reacciones iracundas del Presidente Maduro no demorarán y serán para alquilar balcón. Sin embargo, los países demócratas del Hemisferio no pueden continuar con su silencio cómplice. Deben llamar al orden al régimen madurista. UNASUR, en cabeza de Ernesto Samper, único organismo autorizado por el país vecino para “acompañar” las elecciones, tiene la obligación moral de informar objetivamente sobre los atropellos que se vienen presentando y sobre los demás que se presenten de aquí al conteo de los votos.

PD: La vulgar Canciller de Venezuela será retirada del cargo a comienzos del año entrante. Buena noticia para Colombia.