La profusión de encuestas electorales de las últimas semanas ha producido una serie de críticas y cuestionamientos a esas mediciones estadísticas, hasta el punto de crear un ambiente de incredulidad coreado por varios medios de comunicación que, curiosamente, son los que frecuentemente las contratan.
Todo porque en varios estudios han resultado desfavorecidos algunos candidatos que son los consentidos de los medios.
En el mundo entero las mediciones estadísticas son unas herramientas de gran utilidad para conocer, no sólo las preferencias electorales de los ciudadanos, sino sus apreciaciones sobre diversos aspectos de la comunidad; calcular el costo de vida o medir el grado de aceptación de un gobierno o de determinadas medidas adoptadas.
La empresa privada acude habitualmente a este mecanismo para orientar el mercadeo de sus productos o la prestación de los servicios.
En Colombia, las encuestas políticas y electorales están reguladas por la ley, bajo la vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Esta reglamentación exige que las firmas encuestadoras se acrediten ante el Consejo con el lleno de requisitos sobre su experiencia, idoneidad y antigüedad para garantizar la seriedad de su actividad. Cada encuesta debe publicarse con una ficha técnica donde se consigna quién la contrató, qué universo comprende, cuál metodología fue empleada, así como el tiempo en que se realizó el trabajo de campo.
Además, los resultados de la medición deben publicarse en su totalidad para que el ciudadano pueda formarse una idea completa del estudio.
Se puede poner en duda el resultado de una encuesta si el responsable de hacerla ha incurrido en alguna inexactitud por favorecer o perjudicar a alguien, y esta conducta sería sancionada con el Consejo Electoral si llegare a probarse tal hecho.
Pero tender un manto de duda sobre las encuestas en general es un error porque sería inculpar a todas las firmas de falta de honestidad, y se podría desechar un instrumento muy valioso para que el ciudadano cuente con más elementos de juicio para tomar una decisión sobre su voto.
Es posible darle un sesgo a la encuesta si, por ejemplo, en el cuestionario se hacen preguntas para inducir una respuesta, o se toma un universo ideado para tratar de obtener determinado resultado, en Colombia existen firmas encuestadoras serias que no arriesgarían su prestigio usando este tipo de argucias que echarían por tierra su negocio, y tal conducta le puede acarrear serias sanciones.
Uno de los temas más discutidos es la influencia que puede tener la publicación de las encuestas en el ánimo de los potenciales votantes, y por eso la ley contiene reglamentaciones precisas y sanciones fuertes si llegare a comprobarse una indebida manipulación por parte del encuestador.
Pero si se trata de no permitir que se conozcan de ninguna manera las tendencias de los potenciales electores, habría que prohibir la publicación de toda encuesta durante los períodos de elecciones, lo cual sería francamente una medida arbitraria. Yo aseguro que en Colombia se puede creer en las encuestas electorales.
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