Con motivo del inesperado cierre total de la frontera, la venta de gasolina formal e informal ha sufrido importante metamorfosis debido a que el 75 por ciento del combustible usado en los vehículos que transitan en el Área Metropolitana era de origen extranjero.

La informal manera de vender dicho producto en las principales vías de la ciudad, llegó a extremos impensables hasta el punto que las personas que derivan su sustento de la informalidad amenazaron con quemar la ciudad si se aplicaban medidas de control al espacio público, el cual será el dolor de cabeza de todas las administraciones y aún más de la que inicia el próximo año por los sucesos acontecidos en las últimas semanas, ampliamente divulgados por todos los medios de comunicación.

Como consecuencia del cierre, las trece Estaciones de Servicio denominadas EDS están totalmente colapsadas si tenemos en cuenta que son más de cien mil vehículos que requieren el producto para poder funcionar y de ahí las interminables colas que tienen desesperada a toda la ciudadanía.

Desafortunadamente, los controles en el suministro y orden han sido muy inferiores a lo que realmente sucede porque siempre aparece el grupo que no quiere hacer cola compuesto por los amigos de los dueños de la estación de servicio, de los bomberos, los que dicen tener contrato y por eso consideran que no deben colas, de los amigos de los uniformados, de los candidatos a corporaciones públicas, etc.

Además, ahora está el nuevo negocio y es la reventa de gasolina subsidiada como “estrategia de choque” de aquellos que no desperdician oportunidad alguna para ganar dinero fácil por cuenta de caos permitido por la autoridad municipal.

Un vistazo a las colas permite detectar vehículos de matrícula venezolana de alto cilindraje a los cuales les cabe en su depósito legal cinco pimpinas de gasolina y como complemento tienen acondicionado otro depósito en los cuales caben perfectamente cuatro pimpinas más.   

Estamos hablando de cuarenta y cinco galones de gasolina que se lleva un solo individuo, los cuales desocupa en cualquier parte de la ciudad y a la vista de todas las autoridades policivas y aduaneras que aun sabiendo la ilegalidad evidente prefieren ignorar la situación y como resultado malestar para muchos ciudadanos que esperan más de ocho horas en busca de quince o menos galones de combustible.

El caso también se repite con las motocicletas que realizan carrusel para ordeñar sus tanques y cuando esa práctica es realizada por centenares de motociclistas, pues no habrá gasolina sino para los avivatos y para los que burlan las colas de cualquier manera.

De pronto no son todos pero si son los suficientes para nutrir la ilegalidad y por eso cada pimpina ilegal es vendida entre sesenta y setenta mil pesos.

Lo cierto es que no basta con tomar fotos como propuso nuestro “brillante” alcalde, sino adoptar medidas tales como definir un tope máximo de combustible para cada vehículo e implementar el pico y placa para que todos tengamos la oportunidad de obtener la gasolina a precio subsidiado.

Realmente no se entiende el por qué aún existe venta de gasolina en pimpina si la misma no ingresa al país desde el 20 de agosto.