A propósito de diversos hechos que hemos vivido en nuestro país las últimas semanas, es pertinente volver a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la defensa en una sociedad democrática. Debemos recordar que la defensa tiene que ver con todas las medidas preventivas o disuasivas que una sociedad toma para prevenir amenazas externas o internas y que garanticen la soberanía nacional, la integridad territorial y estabilidad institucional –esta es responsabilidad fundamental de las Fuerzas Militares-; la seguridad hace referencia a las medidas preventivas o reactivas que deben tomar las autoridades, en el marco de la Constitución y la ley, para garantizar el cumplimiento de las garantías y derechos ciudadanos y, viabilizar una adecuada convivencia social –está a cargo en lo fundamental de la Policía-. Pero en ambos casos, son las autoridades civiles, democráticamente electas, en lo nacional y lo regional, quienes deben orientar y conducir políticamente estas políticas públicas de seguridad y defensa.

Si existen situaciones de tensión o amenaza con países vecinos o en las fronteras, el primer recurso al cual deben acudir los países es a la diplomacia, pero si esta vía está ‘bloqueada’ son las Fuerzas Militares quienes deben tomar las medidas disuasivas para evitar que se complejicen las cosas y buscar que se tienda a una situación de distensión. En esa dirección muchos países acuden a lo que se denominan ‘medidas de confianza mutua’ que ayudan a mejorar el clima de sus relaciones.

En casos que afectan la seguridad interna en lo regional –valga tomar el caso del Departamento del Cauca-, si bien sería en lo fundamental responsabilidad de la Policía Nacional –a lo cual pueden acudir en apoyo las Fuerzas Militares-, se trata de establecer las medidas adecuadas de prevención y respuesta, con base en tareas de inteligencia que ayuden a clarificar las causalidades, actores de violencia, georreferenciación, etc. y acudiendo a políticas coordinadas con las autoridades regionales y locales; en este caso, especialmente en la región del Norte del Departamento, donde existen comunidades indígenas organizadas con una larga tradición, lo recomendable sería lograr un diálogo, coordinación y apoyo con estas comunidades organizadas –para ello es fundamental despojarse de prejuicios ideológicos propios de períodos como el denominado de la guerra fría- y dejar de ver en los pobladores supuestos ‘enemigos’ y no aliados en objetivos comunes para garantizar la seguridad y convivencia.

Si se trata de acompañar y contribuir a garantizar derechos como el de la protesta ciudadana –tarea fundamental de la Policía-, allí se debe, además de acudir a cuerpos especializados para esta tarea, a grupos civiles de los entes territoriales de ‘gestores de convivencia’ que contribuyan, de manera preventiva, junto con los organizadores de las protestas o movilizaciones, a que ésta se realice sin acudir a la violencia que afecten o destruyan bienes públicos o privados, que en el desarrollo de las expresiones de protesta las acompañen y estén prestos a intervenir en situaciones de tensión y cumplir tareas que apunten a minimizar situaciones de enfrentamientos. Todo esto con el cumplimiento de las disposiciones legales y los protocolos previamente establecidos.

Es inadmisible incitar a los funcionarios policiales o militares al uso indiscriminado de la violencia, so pretexto de defender instituciones o bienes a través de mensajes en redes sociales, así como tampoco a los ciudadanos al ejercicio desbordado del derecho a la protesta y la movilización.

Todo lo anterior tiene un presupuesto fundamental: una relación de confianza mutua entre la ciudadanía y la Fuerza Pública, y una actuación de ésta dentro de los marcos de la Constitución y la Ley, que es de donde se deriva la legitimidad de la Fuerza Pública.