Es de todos conocido que uno de los grandes males que afecta nuestra realidad republicana, si se quiere el mayor de ellos, es la corrupción en las entidades que administran recursos públicos, situación que nos lleva a vivir en un país que a pesar de la diversidad de fuentes generadoras de riqueza, el déficit fiscal y la falta de capital para inversión social es cada vez más grande.

El problema se agrava si no existen entes idóneos o con las herramientas jurídicas suficientes para hacer una vigilancia sobre el gasto, como ocurre en el país donde el control fiscal es deficiente.

Se pensaba que a partir de la Constitución de 1991 el Estado tendría más capacidad para combatir la corrupción, sin embargo no se dotó de los instrumentos necesarios a la Contraloría para emprender una lucha frontal en ese sentido, además de los cuestionamientos que surgen contra esa entidad en las regiones.

Antes de la Constitución del 91 la Contraloría practicaba un control fiscal previo que se caracterizaba por evaluar y aprobar el gasto de manera anticipada a la ejecución, convirtiéndose en la práctica en una dependencia administrativa de revisión técnica. 

Con la actual Carta Política la vigilancia pasó a ser posterior, siendo la propia administración la que examina inicialmente la destinación de los recursos y la Contraloría entra a inspeccionar la labor ejercida por las instituciones. En este sistema la dificultad surge porque dicha revisión se ejecuta cuando ya se cometió el daño y los dineros desviados casi nunca vuelven a manos del Estado, que no tiene  la capacidad, y en muchos casos la voluntad, para recobrar el capital defraudado. Menos del cinco por ciento de esos fondos son redimidos.

La recuperación del patrimonio también se obstaculiza por la complejidad para demostrar la responsabilidad en los hechos de corrupción o una vez se comprueba, quienes cometieron los ilícitos se declaran insolventes o desaparecen el dinero.

En Colombia, según datos entregados por el contralor general Edgardo Maya Villazón, se pierden cerca de 50 billones de pesos anuales por cuenta de la corrupción, cifra escandalosa si se tiene en cuenta que el Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2018 es de 235,6 billones de pesos. Por ese boquete se escapa el capital de la educación, salud, infraestructura, seguridad y hasta parte del presupuesto destinado para el posconflicto.

Otra de las dificultades en la inspección fiscal está relacionada con el origen que tienen los contralores, teniendo en cuenta que son las Asambleas y los Concejos los encargados de elegir estos cargos departamentales, municipales y distritales, permitiendo que la entidad sea permeada por la política. Las contralorías se convirtieron en las bolsas de empleo de muchos dirigentes regionales, por eso deberían ser eliminadas y de paso el Estado acabaría con un foco de burocracia que ningún beneficio aporta en la función administrativa.

Uno de los mecanismos que podría funcionar en la prevención del desvío del patrimonio es el control de advertencia, figura que permite evitar un posible detrimento del Estado cuando hay peligro de malversaciones, buscando que se corrijan las situaciones de riesgo; sin embargo para que sea efectivo debe dotarse al funcionario que lo practica de facultades para ejercer acciones tendientes a impedir el daño al erario, porque si solo puede proferir conceptos, las entidades no están obligadas a su cumplimiento y no pueden ser forzadas a realizar los correctivos del caso.

Quien aspira dirigir al país en el próximo cuatrienio antes de pensar en imponer mayores cargas tributarias, debería hacer una reforma al control fiscal para buscar una manera efectiva de recuperar los recursos públicos que son objeto de desfalcos.