La semana anterior se cumplió un quinquenio de aquel 21 de noviembre de 2019 cuando miles de colombianos salieron a marchar para expresar su descontento con el Gobierno de Iván Duque.

Esa marcha se constituyó en la primera fase de tres grandes movilizaciones sociales que culminaron en el Paro Nacional- que tuvo lugar con algunas intermitencias entre el 28 de abril y el mes de julio de 2021- las cuales quedaron registradas en nuestra historia como el “estallido social”.

Dicha culminación fue, en general, la expresión de una inconformidad acumulada por la pobreza e inequidad social que se evidenciaron de manera dramática durante las cuarentenas y restricciones impuestas debido a la pandemia del COVID19, por la violencia policial durante los restablecimientos del orden público que produjo un número considerable de muertos y heridos en ambos lados, y por la tendencia gubernamental a desestimar los acuerdos de paz firmados durante el gobierno Santos.

Esto último caló especialmente en los estudiantes, incluso en los de las universidades privadas, que aprovecharon la sombrilla de la organización nacional de los sindicatos para unirse en sendas marchas, varias de las cuales derivaron en vandalismo respondido con fuerte represión.

Lo cierto es que la juventud experimentaba un singular desasosiego y malestar frente al futuro del país por un gobierno que desde su inauguración manifestó su incompetencia y/o desdén hacia la pacificación estratégica del país. Tanto así que su respuesta política consistió en intentos de negociación- principalmente de asuntos económicos-, no con los jóvenes exaltados sino con los experimentados representantes del comité del paro.

El punto a destacar es que las movilizaciones y el paro dejaron un impacto profundo, con cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, decenas de fallecidos y heridos, y un cambio significativo en el debate político y social del país.

Ahora bien, en el trasfondo de lo anterior incidieron unos hechos que en distintos momentos incendiaron más los ánimos de los líderes tanto de los jóvenes que protestaron como de la Fuerza Pública. La reacción del Eln al desdén de Duque hacia la paz fue el atentado con carro bomba el 17 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía que dejó un saldo de 22 cadetes fallecidos y más de 60 heridos.

Fue el acto terrorista más letal realizado por esa guerrilla en su historial subversivo, que produjo una profunda herida en el honor y el espíritu de cuerpo de los oficiales de la Policía Nacional. Si se tiene en cuenta que desde el presidente para abajo las autoridades civiles, militares y policiales veían al Eln azuzando las protestas sociales que vinieron más adelante, se puede entender, aunque no justificar, la violencia con la que actuaron los policías contra los jóvenes que protestaban también violentamente.

Once meses después de dicho atentado, en noviembre de 2019, tuvo que renunciar a su cargo el exministro de defensa Guillermo Botero después de un contundente debate de moción de censura liderado por los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro en el que se acusó al ministro de algunas salidas en falso y en especial por ocultar información sobre la muerte de unos niños en un bombardeo realizado por el Ejército en el Caquetá.

Y como si lo hasta aquí descrito fuera poco, en febrero del 2021 dos meses antes de la culminación del estallido social, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo público el Auto 033 que informaba la triste y penosa cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos entre los años 2002 y 2008.

En fin, para terminar, hay que decir que el somero análisis hecho en las líneas anteriores queda incompleto si no se tiene en la cuenta que subyacente a los cuatro años del gobierno Duque gravitó la incompetencia gubernamental del entonces presidente que no pudo acometer uno de los principales desafíos que constantemente enfrentan los gobiernos.

Esto es, el de hacer una suficiente y adecuada lectura de la coyuntura política, económica, social, de orden público e internacional.

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