Recientemente el presidente Gustavo Petro Urrego, al posesionar siete ministros, hizo algunos comentarios sobre la reforma tributaria que hace tránsito en el Congreso de la República y fustigó a algunas entidades que osan hacerle observaciones a la misma. Además, manifestó que los recursos son necesarios para que el Estado cumpla los Acuerdos con las extintas Farc-EP, “cuyo primer punto vale 60 billones de pesos”. Veamos:
Recién posesionado el 7 de agosto de 2010 el entonces mandatario Juan Manuel Santos no se cansaba de manifestar en los medios de comunicación, y ya resultaba hasta fastidioso, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez “había sido el mejor presidente de la República de todos los tiempos”, hasta que se supo para dónde iba dirigida tanta zalamería y ditirambo. Tenía en mente iniciar un proceso de paz con el grupo insurgente citado anteriormente y dijo que en Colombia había un conflicto interno, que fue realmente el banderazo de arranque.
Desde luego que todos los colombianos estuvimos de acuerdo en iniciar negociaciones con el citado grupo irregular. ¡Quién no! Pero pronto nos dimos cuenta que una cosa era el proceso de paz y otra la negociación, donde cada una de las partes adquirió derechos y contrajo obligaciones. La guerrilla estaba muy bien asesorada jurídicamente por Enrique Santiago, abogado español de izquierdas, como dicen allá, que, al final, parece ser el único que sabe qué dice el Acuerdo y a qué se comprometieron las partes en La Habana.
Ahí radica el problema que el presidente Petro trae a colación, porque si el primer punto de los Acuerdos vale “60 billones de pesos”, ¿cuánto vale lo comprometido en todo el Acuerdo? Además, ahora vienen las negociaciones con otros grupos al margen de la ley, que ya se han hecho sentir con fuerza para demostrar que no están pintados en la pared, por aquello de “La paz total”. Alguien se ha preguntado, ¿cuánto vale lo acordado? El Ministerio de Hacienda no ha revelado la cuantía y menos de dónde saldrán los recursos. Entidades como la ONU siempre dicen que aportarán para el posconflicto, pero se sabe que es una suma ínfima. En esta segunda etapa del proceso de paz el primer magistrado de la Nación debe actuar conforme a la responsabilidad que se le confió y no pensar en ideologías ni premio Nobel de la Paz.
Entonces, para cumplir todos esos compromisos económicos, antiguos y venideros, y teniendo en cuenta que el Estado no cuenta con esos recursos, ¿debe tramitar reformas tributarias de recaudo impronunciable e inimaginable o endeudarse? En el primer caso, no se compadece con lo que el Príncipe manifestaba cuando era oposición y provocaba devastación; en el segundo caso, sabemos que en materia económica existe un principio de sentido común que deben practicar todas las personas, y que la Constitución elevó a rango constitucional para exigírselo al Estado, porque los constituyentes sabían lo manirroto que es ese ente: “Art. 364.- El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago”. ¿Por qué no mencionar, también, la regla fiscal, creada en 2011 y vigente desde 2012, una ley que le indica al gobierno central hasta dónde puede gastar, dependiendo de los ingresos que recibe, y que sagazmente ha sido modificada?
