Estos nueve meses que les restan a los actuales gobernadores y alcaldes del país, constituyen una verdadera prueba de fuego para poder estar en capacidad de asegurar el éxito de sus administraciones, y desde luego, para construir su prestigio político hacia el futuro.

Muchos de esos mandatarios regionales y locales suelen sucumbir en esta etapa: unos porque no lograron materializar sus ofertas electorales, en cuanto a la acción de sus mandatos frente a lo que se prometió en sus campañas en la construcción de obras y servicios, y otros porque creen tener una oportunidad para afianzar un caudal electoral con base en el poder político y presupuestal que administran, y deciden apartarse de las normas para hacer de las suyas en todo lo que tiene que ver con contratación de personal y adjudicación de contratos de obra.

“Raspar la olla” suele ser una expresión muy popular por esta época, acompañada de la habilidad para comprometer recursos a futuro, de tal manera que se puedan gastar también los presupuestos de las administraciones por venir.

Aquí es cuando aparecen todas las irregularidades posibles, en contratación de personal que no se requiere o que no reúne las condiciones para los cargos asignados, todo con miras a dejar un poder burocrático que esté a disposición de sus nominadores. Y lo que mas aterra es el tema de los contratos de obra, pues comienza a funcionar la inventiva para saquear las arcas hasta donde sea posible, pagando favores y aprovechando para obtener dividendos saltando la raya que impone el código penal.

La estadística ha demostrado que en casi todo el país el nivel de contratación se multiplica por estos días y que llega a niveles totalmente desbordados, en donde se notan muchas veces intereses oscuros y afanes que denotan claramente objetivos personales. Esta es la razón por la cual muchos mandatarios pasan de sus despachos gubernamentales a los estrados judiciales, y allí terminan involucrados en situaciones bochornosas que develan claramente sus absurdas pretensiones.

En toda esta etapa, juegan un papel muy importante tanto los medios de comunicación como la ciudadanía, para poder estar en condiciones de medir muy puntualmente esa escala de contratación, de tal manera que sea posible evidenciar las malas intenciones cuando estas aparezcan. La corrupción y la politiquería son dos males terribles que hay que atajar a como dé lugar.