Esta semana el juez JL King negó la libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias. Arias apeló y pidió que se congele su extradición a Colombia hasta la decisión. También espera que el Departamento de Estado resuelva su petición de asilo.
Arias fue pedido en extradición a fines del 2014, después de que fuera condenado a 17 años y 4 meses de prisión por dos delitos que no cometió. Su condena por la sala penal de la Corte Suprema fue politizada y sin asomo de justicia. Amerita algunas observaciones:
El programa Agro Ingreso Seguro tenía como propósito apoyar a todos los agricultores para que mejoraran su productividad, pudieran competir y superaran los efectos de la crisis económica global del 2008. El AIS tuvo 382.611 beneficiarios, el 84% pequeños agricultores, algo más del 15% medianos y menos del 1% grandes.
Tenía varios componentes, uno de ellos dirigido a la construcción de distritos de riego. Todos eran administrados por entidades distintas al Ministerio de Agricultura. El de riego era operado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA, un organismo de la OEA.
Según la sentencia, el Ministerio debió haber hecho una licitación y no firmar un convenio con el IICA. Por eso condenó a Arias por “celebración indebida de contratos”. Sin embargo, varias docenas de ministros de Agricultura habían celebrado antes 132 convenios similares con el IICA. Ninguno de esos ministros fue procesado jamás.
No fue el Ministerio de Agricultura sino el IICA, operador del convenio, quien identificó, calificó y determinó los beneficiarios de los subsidios de riego.
Algunos grandes productores decidieron subdivivir los predios para obtener más subsidios. Después, todos y cada uno de quienes subdividieron llegaron a conciliaciones con el Estado, aprobadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, devolvieron la totalidad de los montos de los subsidios recibidos, indexados y con intereses. El Estado no perdió un solo peso. Nunca se condenó penalmente a ninguno de ellos.
Sin embargo, el otro delito por el que se condenó como coautor Arias fue peculado a favor de terceros, aunque no hubo ninguna apropiación de bienes o dineros del Estado por parte de Arias ni de terceros, ni se dicen en ninguna parte quienes habrían sido los otros coautores.
En el juicio quedó probado que Arias nunca se robó un solo peso.
Tampoco es verdad que los grandes productores beneficiarios de AIS hayan financiado la campaña de Arias. La Corte no encontró ninguna prueba de ello. En todo caso, hay que recordar que los beneficiarios de los subsidios eran definidos por el IICA y no por el Ministerio y que la mayoría de los grandes productores recibieron los subsidios después de que Arias había renunciado para ser candidato.
Si Arias no cometió ningún delito, ¿por qué lo condenó la sala penal? Por política. Esa Corte no era imparcial. La mayoría de sus magistrados detestaba a Uribe, a quien responsabilizaban de chuzarlos. En grabaciones conocidas en el juicio a Diego Palacio, dijeron que en relación con los dirigentes uribistas había que decidir por “conveniencia política” y no conforme a derecho. Después se negaron a elegir Fiscal de las ternas presentadas por el presidente Uribe. Arias era su consentido y querían evitar que fuera presidente.
Por último, ¿hay que recordar que varios de quienes lo condenaron se declararon “víctimas” de Uribe? ¿Que hay dos, Bustos y Malo, implicados en el cartel de la Toga? ¿Que la magistrada Salazar nunca estuvo en el juicio y sin embargo firmó la sentencia? ¿Qué Barceló, probadamente antiuribista, también firmó?
De acuerdo con los tratados de derechos humanos, Arias pidió que su sentencia sea revisada en segunda instancia por un tribunal imparcial. Mientras que no sea así, los Estados Unidos deberían darle asilo. Para ello será fundamental lo que el nuevo gobierno de Duque diga al Departamento de Estado. El juicio y la sentencia contra Arias son una canallada. Hasta que no se posible restablecer la justicia, debe permitírsele la libertad.
