Las sociedades, no sólo la colombiana, son dadas a establecer un catálogo de prohibiciones legales para impedir la práctica de actividades que perjudican a todos o para tratar de corregir la conducta de los ciudadanos.
Pero no basta con prohibir porque, en muchos casos, las normas quedan como letra muerte ante la indolencia o la franca contumacia de quienes prefieren ignorarlas. Este es uno de las mayores dificultades que afronta Colombia.
En nuestro país se ha convertido en una verdadera cultura la ilegalidad, por cuanto es más común actuar fuera de la ley que someterse a sus dictámenes. Analicemos algunos ejemplos:
El contrabando. Creo que es imposible encontrar a un colombiano que no haya consumido artículos de contrabando, de suerte que hay toda una rama del comercio que, abierta o soterradamente, hace parte muy significativa de la economía nacional.
Licores, electrodomésticos, autopartes, aparatos electrónicos, ropa, bisutería, joyas, alimentos, etc. son ofrecidos en almacenes abiertos al público en todas las ciudades.
Hay enormes centros comerciales, algunos llamados “sanadresitos”, que de vez en cuando son visitados por la policía o las autoridades aduaneras para comprobar el origen ilegal de las mercancías.
Pero, ahí siguen. ¿No sería mejor idear un sistema de aranceles y de legalización de mercaderías para que éstas se comercialicen pagando impuestos y se puedan comercializar normalmente, en lugar de propiciar que con la corrupción de las autoridades sigan circulando como artículos prohibidos?
La minería. Hay una corriente que se opone al otorgamiento de licencias de explotación minera con el loable propósito de preservar el medio ambiente.
Pero, como casi toda actividad minera se ha venido prohibiendo, ha proliferado de manera asombrosa la minería ilegal, que es la más dañina, además de haberse ligado con las peores bandas de terroristas y narcotraficantes.
El camino no es, simplemente, prohibir; lo conveniente es reglamentar, de manera que quien reciba una concesión esté obligado a pagar impuestos, resarcir los daños ambientales y responder por la seguridad social de los trabajadores.
Francamente, parece que existiera una intención dolosa de propiciar la ilegalidad para que se puedan cobrar jugosos sobornos y dádivas por parte de los funcionarios públicos.
Y así, podemos enumerar muchos servicios ilegales que todo mundo conoce y que las autoridades no erradican: La piratería en el transporte público. El robo de agua y energía eléctrica. El préstamo de dinero. La expedición de documentos oficiales. La vigilancia privada. La atención clandestina de la salud. La televisión por cable. La publicación de libros. La reproducción de música. La compraventa de artículos robados. La utilización ilegítima de plataformas informáticas, y más rubros que con sólo pensar un poco surgen fácilmente.
Los gobiernos y legisladores deberían pensar con más cuidado cómo erradicar tan graves males mediante reglamentaciones adecuadas, y no conformarse con el principio simplista establecer prohibiciones y aumentar las penas para los delitos. Como ejemplo podríamos recordar lo que sucedió con Estados Unidos con la prohibición del expendio de licores, que generó una de las más grandes corrupciones estatales.
