Colombia enfrenta una grave tragedia ambiental y, mientras la atención se enfoca en este desastre, se pasan por alto hechos significativos que amenazan al país.

El comisionado de paz, Otty Patiño, ha anunciado que el gobierno amplió el cese al fuego con el grupo terrorista del Eln, a pesar de que compromisos fundamentales, como la liberación de secuestrados y el cese de esta práctica inhumana, aún no se han cumplido.

La promesa del gobierno de condicionar el cese al fuego a la liberación de secuestrados se ha visto socavada por la postura ambigua del Eln, generando incertidumbre sobre la autenticidad de este compromiso.

Según el Ministerio de Defensa, el Eln tiene a 38 secuestrados, aunque otras fuentes sugieren cifras más elevadas.

En una declaración, el presidente Petro afirmó que el Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas.

Sin embargo, es preocupante observar que una vez liberado Manuel Díaz, el gobierno dejó de presionar activamente por la liberación de los demás, incluso considerando la ampliación del cese al fuego sin que el Eln haya mostrado una clara voluntad de cesar esta inhumana práctica.

Este período de cese al fuego, en lugar de ser una tregua real, pone de manifiesto la falta de claridad y compromiso del gobierno, que parece más inclinado a alinearse con grupos terroristas que a salvaguardar los intereses de sus ciudadanos. Lo más preocupante es que los grupos al margen de la ley ganan cada día más control territorial.

Mientras el Gobierno limita las acciones del ejército, dándoles vía libre a estos grupos, existe el riesgo de que nos aproximemos a una situación similar a la que estuvimos a punto de experimentar hace dos décadas, cuando el país estuvo casi sitiado por estos grupos. ¡Prohibido olvidar!

Un reciente informe de la Defensoría revela un preocupante aumento de grupos ilegales y bandas, coincidiendo con la implementación de la “paz total”. Frente a la actividad delictiva del ELN, se evidencia que ha incrementado su presencia de 189 municipios a 231 en 19 departamentos, mostrando un notorio fortalecimiento.

Este avance no solo incrementa los riesgos para las comunidades, sino que también implica un aumento en el reclutamiento para consolidar los nuevos territorios ganados.

Esta situación genera serias dudas sobre la coherencia y determinación del Gobierno al exigir el cumplimiento de sus condiciones para avanzar en el proceso de paz. La debilidad exhibida al dejar de presionar por la liberación de los demás secuestrados y ampliar el cese al fuego sin que el Eln muestre una clara voluntad de cesar esta práctica inhumana, suscita preocupación acerca de las consecuencias y la efectividad del proceso de paz. ¿Cómo puede avanzar el proceso si no hay consecuencias contundentes cada vez que se violan abruptamente las condiciones del cese al fuego?

La respuesta desafiante y burlona del Eln ante el anuncio del gobierno sobre el cese al fuego refuerza la percepción de que este proceso de paz se enfrenta a un grupo terrorista que no muestra ningún compromiso, sino que está ganando tiempo para ampliar su control territorial.

El país ha expresado con contundencia su repudio a los secuestros y la exigencia imperativa de liberar a las víctimas, así como de asegurar el estricto cumplimiento del cese al fuego.

Es crucial que el Gobierno muestre firmeza, sin ambigüedades, para no minar la confianza de los colombianos en el proceso. De lo contrario, persistirán las dudas sobre si estas acciones son permitidas deliberadamente como parte de una estrategia para mantenerse en el poder y sumar a Colombia al socialismo del siglo 21.

Adenda: Las críticas hacia Piedad Córdoba no se basan en su género, raza o afiliación política; surgen debido a su complicidad con el régimen traqueto y violador de derechos humanos venezolano, así como por sus vínculos con las Farc. No permitiremos que reescriban la historia, presentando a los victimarios como víctimas.

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