Los gobernantes, especialmente en un sistema presidencial tan fuerte como el nuestro, tienen la misión de conducir las naciones hacia la prosperidad utilizando su potente investidura para asegurarles bienestar, tranquilidad y un futuro venturoso.
No debe importar mucho si las estadísticas favorecen o no al mandatario en la percepción que de su imagen tienen los habitantes, sino más bien garantizar que los actos de gobierno estén encaminados a conseguir los fines primordiales del Estado.
Gobernar bien no significa complacer momentáneamente a sectores de la población, sino actuar para que los servicios fundamentales de educación, salud, seguridad, transporte etc. se presten de manera eficiente y sostenible por entidades públicas y privadas. Con frecuencia se necesita exigir sacrificios a los gobernados para obtener un bien común, objetivo que logra alcanzar un buen líder.
Preocupa que en Colombia estén aflorando signos evidentes de desgobierno porque se desbordan las exigencias de unos en contra de los más, y se aplazan decisiones fuertes, indispensables para el buen funcionamiento del Estado.
También, porque se soslayan las perversidades que atentan contra el buen funcionamiento de las ramas del poder público y se desvían los recursos de los contribuyentes destinados a mejorar las condiciones generales de vida.
En Colombia se está afectando gravemente la generación de nuevos empleos porque cada día se aumentan las cargas laborales por la presión de quienes gozan de un trabajo, pero disminuyen la posibilidad de enganchar a desempleados o empleados informales.
Los servicios públicos esenciales se entorpecen por paros inadmisibles, y el gobierno parece incapaz de mediar con eficacia: La huelga de los pilotos de Avianca, los continuos paros de transportadores de carga, de maestros, del poder judicial etc. son muestra de una evidente impotencia gubernamental que ocasiona a la mayoría de ciudadanos grandes perjuicios.
Se ha vuelto costumbre que habitantes de numerosos municipios sometan a consulta popular la decisión de no permitir la explotación petrolera en su territorio agravando el desabastecimiento de combustibles que pronto será inmenso. El Presidente debería orientar adecuadamente a los alcaldes municipales, que son parte del gobierno, para que se defina cómo proceder en estos casos con el fin de evitar un gran daño a la economía nacional preservando adecuadamente el medio ambiente. De lo contrario, este seguirá siendo un mecanismo demagógico para que algunos aspirantes consigan votos.
Los atentados terroristas de guerrilleros y bandas criminales parecen cubiertos por el manto de la impunidad, y frente al monumental descalabro que ha producido la corrupción en todas las esferas de la sociedad el Gobierno parece ajeno a sus incalculables repercusiones.
Nada contundente han hecho los altos funcionarios para contrarrestar los escándalos de la justicia; ninguna acción efectiva se ha desplegado para desenmascarar a los traficantes de los contratos de vías; no se conmina a los ex ministros para que se presenten a contestar los interrogatorios judiciales; no se obliga a los responsables de la campaña presidencial para que aclaren lo sucedido.
Y ante estos graves hechos, la sociedad parece andar sin rumbo lamentándose, apenas, del desastre.
ramirezperez2000@yahoo.com.mx
