Termina el año con dos noticias que deberían estar relacionadas. Una de las cuales concentra el debate, la menos importante, y, la otra, sustantiva, apenas tiene cobertura. La primera, el decreto sobre porte legal de armas por particulares; la segunda, la observación del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre que en Colombia hay cinco conflictos armados no internacionales (CANI), con posibilidades de que sean seis. En palabras textuales, “actualmente el CICR considera que hay al menos cinco CANIs en Colombia, cuatro entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL”. El sexto sería con las otras estructuras de las Farc que no se acogieron al proceso de paz, pero en este caso “sería necesario evaluar la presencia de los criterios de clasificación mencionados, a saber, el nivel de organización de las partes y la intensidad de la violencia”.
La observación del CICR ratifica lo que algunos advertimos durante y después de la negociación con las Farc: la firma con las Farc no trajo “la paz”y el conflicto armado sigue vivito y coleando. Me atrevo a sostener que, peor, como consecuencia de errores serios en la negociación, en el contenido de lo pactado y en su implementación, y a que no se han diseñado y ejecutado políticas públicas estructurales sobre el narcotráfico y sobre el homicidio, los niveles de violencia no solo no disminuyeron sino que han aumentado. En efecto, entre enero y agosto del 2018, el incremento de homicidios había sido del 8.6%, una tasa que no bajaría por la tendencia histórica de aumento entre octubre y diciembre. Se revierte así una tendencia a la disminución que venía desde hace más de tres lustros.
En general muy ideologizado, el debate sobre porte legal debería centrarse en elementos objetivos. Por ejemplo, que no estamos en un país en paz. Que el número de armas ilegales es inmenso y que son muchos los delincuentes con armas de fuego no amparadas. O que en lugar de bajar con la prohibición de porte, las cifras muestran un aumento en la tasa de homicidios. En teoría, menos armas debería traducirse en menos violencia. Pero, ¿qué ocurre si no es así, como está sucediendo? En todo caso, el aumento de la tasa probaría que el problema de la violencia homicida no está, ni de lejos, en el porte legal de armas.
Agrego unas preguntas que deberían intentar resolverse con miras a un debate juicioso que permita tomar una decisión racional sobre el problema, debate que desafortunadamente no se dio y que hace que la prohibición sea arbitraria y caprichosa: 1. ¿Cuántas muertes se producen en Colombia con armas de fuego? 2. De esas muertes, ¿cuántos son homicidios? 3. ¿Cuántos homicidios se producen con armas de fuego amparadas? 4. ¿Cuántos delitos se evitaron por el uso de armas de fuego amparadas? 5. ¿En la cifras de homicidios con armas de fuego se están incluyendo los delincuentes neutralizados por la Fuerza Pública? 6. ¿En las cifras de homicidio se están incluyendo los agresores neutralizados por particulares en ejercicio de la legítima defensa? 7. ¿Cómo se protege un ciudadano en un país con conflicto armado, grupos armados organizados con tradición de atacar a la población civil, grupos delincuenciales altamente armados, y una fuerza policial con poca presencia y baja efectividad?
Entre 2012 y 2015, la tasa de muertes con armas de fuego bajó de 76,67 a 71,76. En febrero de 2016, Santos prohibió el porte legal, al parecer como resultado, vaya ironía, de la presión de las Farc. Ese año, las muertes con armas de fuego bajaron 1.42%, pero menos que el promedio anual de los cuatro años anteriores. Y ya vimos que los homicidios se dispararon este 2018. Ahora sí, ¿empezamos un debate serio?
