Valía la pena que el Gobierno pagara el altísimo costo político de proponer gravar con IVA el grueso de la canasta familiar? No. 
Era evidente que esa propuesta no alcanzaría mayorías en un Congreso en el que, además, el Gobierno no tiene control. 

Para rematar, es inexplicable que el proyecto ni siquiera se haya hecho discutido antes con el Centro Democrático, que es el partido de gobierno. 

Esa tarea hubiera permitido medir el apoyo que semejante iniciativa tendría entre los parlamentarios. 

Como resultado de esa imprevisión, el presidente Uribe y el CD se vieron obligados a manifestar de manera pública su desacuerdo. 

Hoy es claro que la propuesta sobre el IVA a la canasta no avanzará. El Gobierno se quedará, innecesariamente, con el pecado del costo político y reputacional y sin los ingresos extras esperados por ese IVA.

La reforma tributaria, presentada bajo el nombre de ley de financiamiento, pareciera inevitable. 

Santos no dejó la olla raspada, la dejó desfondada. La deuda externa es de más de 122 mil millones de dólares. 

El presupuesto de 258,9 billones de pesos tiene un déficit, que hay que cubrir, de 14 billones. 
Sin embargo, la discusión no puede ser solo fiscalista, solo sobre cómo encontrar nuevas fuentes de ingresos para el estado. 

Hay otros debates fundamentales que deberían darse. Resalto dos. Uno, sobre el tamaño del Estado. 

El de ahora es muchísimo más grande que el de hace ocho años. La reestructuración de la administración pública del primer cuatrienio de Uribe representó un ahorro en ocho años para todos los colombianos de 5,35% puntos del PIB, 24,7 billones de pesos. 

En otras palabras, nos ahorró al menos cuatro reformas tributarias, reformas que recaudan alrededor de 8 billones de pesos en promedio. 

Santos no solo volvió a los 16 ministerios, en lugar de 13 que dejó Uribe, sino que creo más de tres docenas de institutos, agencias y consejerías nuevas, con el consiguiente aumento de gasto. Además, Santos creció la nómina en más de 18 mil personas e hizo más de 70.000 contratos adicionales de prestación de servicios. Es indispensable hacer una nueva reestructuración del Estado y reducir la burocracia.

Dos, sobra la naturaleza y calidad del gasto público. ¿Por qué nadie estudia y discute el informe de la Comisión de Gasto Público? ¿En qué y cómo está gastando el Estado nuestro dinero? De 40 billones de pesos que se gastaban en 2005 en gasto social se pasó a 127 billones en 2017, con una reducción de inequidad de apenas 0,4 puntos en el coeficiente de Gini. Seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Gastamos más 70 billones en subsidios y 49 billones en pensiones, muchas de las cuales, en particular las más altas, nunca hicieron los aportes correspondientes, es decir, son subsidiadas por todos nosotros. Para que el lector tenga una idea, sin pensiones el coeficiente de Gini sería de 0,42, mejor que los de México, Brasil, Perú y Chile. Gastamos mucho en política social, lo que merece aplauso, pero gastamos mal, de manera muy ineficiente.

En esa misma dirección, ¿por qué no se discuten la naturaleza y alcance de las obligaciones fiscales del pacto con las Farc? Una revisión del marco fiscal a mediano plazo muestra compromisos pactados con esa guerrilla del orden de 125.9 billones de pesos. Es verdad que semejante barbaridad no amerita ni una palabra de quienes desde la oposición ahora critican la propuesta tributaria de Duque, pero no es menos cierto que el Gobierno, que se eligió con fuertes críticas a ese acto, debe examinar esos compromisos y abandonar los que no sean indispensables. Tampoco se puede continuar con la política de premiar a los cultivadores de coca con dos millones de pesos mensuales, por 24 meses, es decir, 48 millones de pesos. No solo es injusto con quienes nunca han violado la ley y cultivan arroz, yuca o papá, sino que es impagable. Se calcula que 124 mil familias se dedican a los narcocultivos. Y hasta el año pasado casi 78 mil habían firmado acuerdos de sustitución. Haga la multiplicación.

Resumo: el Gobierno no puede cometer el error de hacer una aproximación fiscalista. Debe empezar por reestructurar el Estado, disminuir el gasto y ser más eficiente, y por construir y ejecutar políticas efectivas contra la evasión, la elusión y la corrupción. Y, sobre todo, debe dedicarse a disminuir la informalidad, que alcanza el 49%, el gran lastre de la economía. Aumentar los impuestos no solo no contribuye en ese propósito sino constituye un incentivo perverso para no formalizarse.