No parece lógico que mientras el Gobierno Nacional cosecha reconocimientos internacionales, la mayoría de colombianos piensan que el país va por mal camino. Con todo, la explicación es sencilla: Es el fruto de la estrategia gubernamental.

El enorme despliegue publicitario en el curso de la negociación con las Farc y los fastuosos actos organizados para comunicar los diversos avances, fueron dirigidos, sobre todo, a ese universo inestable de la comunidad internacional que se mueve entre la ambigüedad de la diplomacia y los reflectores de la farándula.

En Colombia, por el contrario, la realidad ha sido más tozuda. El Presidente no propició un consenso nacional porque desde el comienzo dividió a la nación entre amigos y enemigos de la paz, reservándose para sí la propiedad del proceso. 

Los colombianos fueron llamados a un plebiscito para que se pronunciaran sobre los acuerdos de La Habana y, a pesar de que la mayoría votó negativamente, se continuó en su instrumentación sin tener en cuenta muchas de las objeciones hechas a los documentos consultados. 

La consecuencia de tales hechos es la persistencia de un debate en el que se agudizan las críticas y defensas airadas de unos y otros, en medio de las cuales el Gobierno pierde aceptación. 

Las encuestas en que la mayoría de ciudadanos muestra su descontento, hace pensar que lo acordado es el pacto de unas élites formadas por los políticos que agrupa el gobierno y la cúpula de las Farc que ya parece estar gobernando.

Y, ahora que está empezando la campaña presidencial del año entrante, vuelve a aparecer la postura de los políticos gobiernistas de invitar a votar por la defensa de los acuerdos y, no precisamente, por la consolidación de la paz. Una vez más se propone la división entre buenos y malos.

Los ciudadanos del común vemos con expectación el afán desmedido por “blindar” los acuerdos mediante leyes y actos legislativos aprobados por procedimientos de urgencia y con vigencias de largo tiempo, como si aquellos no fueran lo suficientemente buenos para defenderse por sí mismos. Un solo pronunciamiento de la Corte Constitucional reconociendo el fuero del Congreso Nacional de debatir los proyectos que le presenta el Gobierno y hacer modificaciones, despertó una tormenta aupada por quienes consideran que los acuerdos de La Habana son las tablas de la ley que no pueden ser ni siquiera interpretadas. 

Unos pactos inequitativos son el germen de nueva violencia. Recordemos cómo el Tratado de Versalles de 1919, con el que terminó la Primera Guerra Mundial, fue el origen de la más sangrienta Segunda Guerra, porque en él se quiso “blindar” la paz consignando unas cláusulas vengativas contra Alemania y otras cláusulas voraces en favor de los vencedores.

Y, para aumentar el desconcierto de los colombianos, las negociaciones con el Eln se adelantan en medio de ataques terroristas, asesinato de policías, secuestros y extorsiones, que el Gobierno trata de soslayar para no incomodar a los comandantes de ese grupo subversivo.

Ramirezperez2000@yahoo.com.mx