Las administraciones del departamento y el municipio, están empeñadas en mejorar los ingresos por medio de sus secretarios de Hacienda. La tarea no es nada fácil, puesto que está comprobado que el funcionario que tiene la obligación de cobrar las deudas de los administrados, es quién recibe las críticas y duros comentarios tanto en medios de comunicación como en redes sociales. 

La misión se hace más compleja por la crítica situación de la ciudad, que aunque altos funcionarios del nivel central la vean muy bien, todos sabemos que no es así puesto que la economía informal que data de hace siglos, no desaparecerá con el mejoramiento de ingresos por concepto de degüello o el control a determinados productos de la canasta básica.

Recientemente, se puso una vez más el tema de la internación de vehículos de matrícula venezolana y de inmediato, los dos responsables de las finanzas fijaron sus puntos de vista en la correspondencia del recaudo y el tipo de impuesto que se genera, situación que debe aclarar el Ministerio de Hacienda.

Lo cierto es que hacer un gran esfuerzo administrativo para poner en marcha la medida y recibir la quinta parte del nuevo tributo cuyo recaudo estaría destinado al mejoramiento de la malla vial de uno de los municipios fronterizos, es injusto y al respecto considero que es un error de interpretación por parte del responsable de las finanzas departamentales.

Otro punto de vista es la oportunidad que tienen las autoridades para obtener información de todos y cada uno de los propietarios de los vehículos a internar, pero infortunadamente pasará lo de siempre cuando le preguntan al usuario la dirección de residencia y sin sonrojarse responde: “ponga cualquiera”. 

Es indiscutible que las autoridades requieren de información confiable porque la respuesta de las personas que entrevistan luego de un hecho delictivo es que se trataba de una motocicleta venezolana y de esas hay miles circulando por la ciudad, que cuando sus conductores son sorprendidos por cometer alguna infracción, y sus motos son inmovilizadas, prefieren abandonarlas en los estacionamientos autorizados para tal fin, toda vez que la multa es superior al costo de la misma y nunca se conoce si el presunto infractor, también es un delincuente.

En conclusión, la medida debe adelantarse porque además funciona perfectamente en otros departamentos; las autoridades deben definir estrategias para lograr identificar y ubicar con exactitud los propietarios de dichos vehículos, los cuales se presume, son ciudadanos de bien; se debe insistir en un equilibrio de la matriz de beneficios en materia de impuestos para el caso de los vehículos objeto de internación, puesto que ya se encuentran en territorio nacional y por último, tratar de entender la tarea que les asiste a los secretarios de Hacienda, que no es otra diferente a recaudar recursos para cumplir las metas propuestas en los respectivos Planes de Desarrollo.