En medio de la pelea, la polarización y los globos distractores que tanto necesita –y hasta parece disfrutar– el presidente Petro, en el país se están incubando una serie de crisis que van a explotar hacia 2027, durante el primer año del próximo gobierno. Se trata de cinco problemas que no solo se van a sobreponer en el tiempo, sino que van a alimentarse entre sí, generando aún más tensión entre la gente y haciendo más difícil su solución.

La primera crisis es la del gas natural. Nos estamos quedando sin gas. Al declive de los campos en producción se suma que los nuevos hallazgos costa afuera tienen la exploración paralizada por causa de decisiones judiciales relacionadas con la consulta previa de comunidades que reclaman derechos, lo cual de entrada es debatible. Por efecto de las demoras, el gas no llegará antes de 2029, en el mejor de los casos. ¿Y la demanda? El país consume 1.100 millones de pies cúbicos de gas por día. El próximo año van a faltar 50 millones, y en 2027 serán ya 250 millones. Sin gas para las cocinas, los vehículos, las termoeléctricas y las refinerías, vamos a entrar en crisis por un gas que, como mínimo, cada vez va a costar más si es que logramos importarlo a tiempo.

La segunda crisis vendrá por el lado de la electricidad. Del congreso de Acolgén la semana anterior quedó claro que vamos camino a un apagón. El crecimiento normal de la demanda, sumado a un lento aumento de la capacidad de generación, va a implicar faltantes de entre el 5 y el 8 % de las necesidades de energía del país en tres años. Aunque parecería un hueco pequeño, hace imposible cubrir la demanda durante las horas pico.

Con cada vez menos gas y a oscuras habrá que hacer frente a la tercera crisis: la seguridad. Los grupos armados al margen de la ley están ocupando cada vez más territorios. También sigue en aumento el área con cultivos ilícitos. Toda esa espiral, con origen en las zonas rurales, se instala en las ciudades en forma de delincuencia organizada. Hay muchos vasos comunicantes entre los dos tipos de delincuencia, pero el más importante es que las bandas criminales urbanas son una especie de franquicia de grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico. Si la cosa sigue como va, Colombia corre el riesgo de volver a ser un país de ciudades sitiadas, con temor de moverse por las carreteras y con una economía aún más frenada.

La cuarta crisis viene por cuenta de la salud. El panorama es alarmante: EPS que desaparecen, IPS a las que no les pagan las cuentas y, por lo tanto, prestan servicios únicamente si los pacientes pagan de contado... Resolver un panorama tan agudo va a demandar recursos adicionales, la creación de una nueva institucionalidad y nuevas reglas de juego para que todos los actores del sistema –comenzando por los pacientes– tengan las garantías necesarias.

Hacerles frente a las crisis del gas, la electricidad, la salud y la seguridad va a requerir recursos. Pero, por causa del aumento de la deuda pública, de cada peso que recauda la Dian, 33 centavos se van en el pago de intereses. Si el Gobierno insiste en cambiar la regla fiscal –algo que es inconstitucional si lo hace con una ley de financiamiento–, para el 2027 podrían llegar a ser 40 centavos.

Colombia en 2026 será el país del apagón que tuvo que enfrentar Gaviria; de la crisis fiscal que heredó Pastrana; y de los desafíos en seguridad que enfrentó Uribe. Todo esto, en medio de una crisis de la salud –desconocida, pero autogenerada– y una oposición parecida a la que enfrentó Duque.

Tenemos en las manos una bomba de tiempo, y hay que desactivarla ya. El gobierno Petro debería pensar más en esto y menos en ganar aplausos efímeros, como cuando propone reducir la edad de jubilación. Y con el apoyo del Gobierno o sin él, academia y sector privado debemos trabajar unidos para evitar que estallen las crisis más adelante.

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