La semana que termina se vivió en varias ciudades del país una serie de protestas sociales que probablemente mezclaban muchos factores, indignación con el tratamiento policial que en Bogotá había producido la muerte violenta de un ciudadano, pero también los acumulados de las movilizaciones de finales del año anterior y las respuestas policiales a las mismas, insatisfacciones por la situación económica derivada de la pandemia con las altas tasas de desempleo especialmente para jóvenes, y otra serie de motivaciones. 

De nuevo, y ojalá ahora sí sea en serio, se plantea como prioridad una reforma a la Policía Nacional, una institución que es muy importante para nuestra sociedad y que ha cumplido un rol fundamental en el pasado enfrentando una gran cantidad de amenazas y desafíos a la seguridad pública y ciudadana. Pero cuando se habla de una reforma, inicialmente pensamos en ‘comisiones’ como las que hemos tenido en el pasado y que a excepción de las creadas durante la administración de Cesar Gaviria, se han quedado en recomendaciones. 

Considero que se debe abocar unas reformas urgentes a la institución –con o sin ‘comisiones’- y que ésta debe ocuparse de estudiar y sugerir soluciones prácticas frente a por lo menos cuatro aspectos: 1) el proceso de selección de los miembros de la institución; 2) el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener en el mismo el tema de los Derechos Humanos –que no es simplemente darles un curso de Derechos Humanos, sino que esta sea una orientación que atraviese todo el proceso de formación-; 3) la doctrina operacional entendida, por la propia institución como “el conjunto de ideas u opiniones, preceptos éticos, legales y conceptos oficialmente aceptados, en los cuales se fundamenta todo el quehacer policial, de manera que la Institución tenga bien claro su destino a la luz de los principios filosóficos y dogmáticos que le señalen su razón de ser en el ámbito de las instituciones del Estado”, que debe tener como referente la seguridad ciudadana y cuyo objeto central de protección es la 
ciudadanía y su énfasis debe situarse en la prevención de los delitos a partir de una estrecha relación con esa ciudadanía; 4) la cultura de la rendición de cuentas a la sociedad, además de sus superiores. 

El problema ha sido que la institución ha sido muy militarizada desde hace muchos decenios, ha tenido que cumplir tareas de contrainsurgencia y ello los llevó a asumir la doctrina de seguridad nacional –propia de los militares en un período-, que ve ‘enemigos internos’ por todas partes y en esa medida la institución y sus miembros está marcada por esa ambivalencia doctrinal interna. 

Hay un conjunto de reformas más estructurales, que requieren cambios legales y constitucionales; para ello sería necesario que el Congreso definiera un grupo de análisis y propuestas que se ocupe de temas como: i) la pertinencia de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana –introduciendo este cambio en ese ministerio-; ii) modificar lo del fuero militar para los miembros de la Policía; iii) clarificar esa ambigua relación que estableció la Constitución de 1991 entre la línea jerárquica –propia del rezago militar en la institución- y la disposición constitucional que establece que el Alcalde es el jefe de Policía de su municipio; iv) definir claramente la relación interna entre cuerpos con vocación contrainsurgente o contra los carteles del narcotráfico –que tienen otra orientación doctrinaria- y los cuerpos dedicados a la seguridad ciudadana, o a cumplir funciones de policía judicial, razón de ser de la institución policial.