Definitivamente no estamos preparados para el desarrollo de la ciudad. Los trabajos que adelanta el Invías en la construcción del nuevo puente en el sector del barrio San Rafael, están generando malestar en unos y otros, sin embargo esos unos, son el grupo de conductores de vehículos de servicio público tipo buseta que han asumido actitudes agrestes.

El problema está latente pues la decisión de modificar las rutas, tuvo como reacción el bloqueo de una calzada por sentido frente al Parque del Agua, en jurisdicción del municipio de Los Patios por parte de un grupo de 27 conductores de dicho servicio público en horas de mayor presencia vehicular y no contentos con lo anterior, bajaron a los pasajeros sin justa razón, lo cual los convierte en potenciales infractores de las normas de transporte. 

Es indudable que la construcción de la nueva obra, generaría altos impactos, pero los mismos debieron preverse por medio de un Plan de Manejo de Tránsito, a costas del contratista, que con antelación al cierre de las vías, se revisara conjuntamente con la Policía Nacional y las autoridades de tránsito de los municipios afectados.

De igual manera, tanto la elaboración del documento como los requerimientos de logística, representada en personal uniformado extra, divulgación, señalización y demás variables, son propias de los costos del proyecto, tal como se describe taxativamente en la propuesta económica del responsable de la obra: “Nota 2: El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista”.

Es lógico pensar que para justificar y cobrar lo anotado, el contratista debió y debe invertir en la mitigación de la problemática, puesto que sería imposible justificar un cobro, cuando no existe soporte documental del mismo y en consecuencia, aun faltando once semanas para que se le cumpla el plazo a la empresa de entregar la obra, se le debe exigir lo pertinente.  

En cuanto al abuso por parte de los conductores, la Policía Nacional y la autoridad de tránsito de los Patios, han sido exageradamente laxos, toda vez que el artículo 21 de la ley 1383 de 2010 establece dentro de las infracciones de tránsito: “Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito”. La misma tiene un costo de $422.662.

En conclusión, debieron ser los representantes de los trasportadores, quienes estuvieran fijando posiciones y explicando a sus afiliados los graves problemas que puede acarrear a la empresa, el incumplimiento de rutas y horarios. 

A la autoridad no debió temblarle la mano para imponer sanciones, así como lo hacen cuando montan operativos piratas y las víctimas no ceden a sus pretensiones. Con respecto a la empresa constructora, se le debe exigir que asuma los costos del personal uniformado requerido para regular la movilidad en los sitios críticos, porque no es justo “pasar de agache” en tan complejo problema.