Ninguno de las negociaciones adelantadas en el mundo para buscar la paz con fuerzas insurgentes ha sido fácil ni rápida. Grandes escollos deben superarse con las particulares características de cada una; pero la que se adelanta en Colombia se ha tornado demasiado compleja y no ha cohesionado en torno suyo a toda la nación. ¿Por qué?

Me aventuro a plantear algunas hipótesis para procurar entender el fenómeno, porque buena parte de los habitantes del país están confundidos ante las interpretaciones que se dan a los innumerables sucesos que la rodean.

Lo primero es señalar que las conversaciones han dejado de tener el carácter de reservadas que había anunciado el gobierno, lo que ha permitido que ante  los numerosos anuncios, comunicados y rectificaciones todo el mundo opine. Esto ha suscitado una gran polémica nacional.

Lo otro que salta a la vista es la aparición de asuntos nuevos que, por la forma como se presentan, se ve que no estaban en los puntos pactados inicialmente, tales como la comisión de la verdad, el “desescalamiento del conflicto”, el alto al fuego bilateral etc., a partir de los cuales, cada vez, la guerrilla corre un poco más la cerca.

Y, como corolario, surge la propuesta de crear un  procedimiento jurisdiccional ad hoc para los agentes del Estado, como si no hubiera ya investigaciones judiciales en marcha que involucran a cerca de 15.000 militares y policías, y han llevado a miles de ellos a prisión. 

Las instituciones con mayor reconocimiento ciudadano son las fuerzas militares y de policía, y someter su situación jurídica a un debate con la guerrilla ha generado descontento. 

Es de analizar que el porcentaje de favorabilidad de ellas es muy similar al de rechazo al proceso de paz que revelan las encuestas. 

Además, se sabe que sin su actuación heroica no se hubiera podido iniciar un proceso de paz.

No se sabe por qué el gobierno ha dejado a la especulación pública tópicos como la participación política de las Farc, la justicia que se les debe aplicar, la reparación a las víctimas y la dejación del narcotráfico, cuando conceptualmente, al menos, es sencillo establecer que obtendrían curules en los cuerpos colegiados si la guerrilla se desmoviliza de verdad; tendrían rebaja de penas si confiesan la verdad, indemnizan a las víctimas, devuelven a los secuestrados y abandonan las prácticas delictivas; recibirían beneficios estatales si acaban el negocio de las drogas etc.

Porque no se comprende bien que en la mesa de La Habana se defina la suerte de toda Colombia por quienes no han sido precisamente los forjadores del progreso, el mejoramiento del campo o la concordia nacional, sin ofrecer nada tangible a cambio, en tanto que la mayoría de ciudadanos que cumplen la ley, se someten a la justicia y pagan impuestos sienten que no tienen voz ni voto. 

También es confuso para el ciudadano oir que, después de tres años de intensas negociaciones, el gobierno afirme que todavía falta acordar lo más importante.