Un viejo debate en lo relacionado con la gestión pública y especialmente con la definición de políticas públicas y toma de decisiones, es acerca de a quién corresponde las mismas, a los políticos o a los técnicos. No hay duda que los gobernantes –los políticos y hay que darles un margen de maniobra- en democracia, más allá de si son o no de nuestras simpatías, tienen un mandato dado por los ciudadanos para definir las políticas públicas y para tomar las decisiones que conduzcan a dar respuestas a las situaciones socialmente problemáticas que las sociedades deben enfrentar.
Ahora bien, igualmente se considera que ningún gobernante es un especialista en los múltiples asuntos que enfrenta un gobierno, por ello siempre se considera necesario que cuenten con equipos de asesores en los distintos campos, que les den los elementos de información y análisis para que las decisiones políticas cuenten con sustento. Pero adicionalmente, en regímenes como el nuestro, de corte descentralizado, debe existir mecanismos de coordinación muy estrechos entre los diferentes niveles de gobierno –donde es probable que cada gobernante local o regional cuente con sus equipos de asesores, que puedan llegar a tener opiniones diferentes-, aceptando que el gobierno nacional tiene la máxima autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones –la última palabra-, en asuntos que como el de la actual pandemia trasciende lo local y regional, pero además el ámbito nacional.
Como es conocido, frente a la actual pandemia del coronavirus, estamos frente a una situación en la cual no existen ni antecedentes de manejo claro, ni un conocimiento científico comprobado de las causas y consecuencias del mismo, así como de las mejores estrategias de manejo. Por ahora, reiteramos, sólo hay un gran consenso en que se requiere un amplio aislamiento social como forma de cortar, o por lo menos retardar, el contagio –esto se enfrenta a la necesidad de apoyos económicos a los sectores más vulnerables de la sociedad en primer lugar y al sector productivo para que no se vayan a perder puestos de trabajo que agravarían a mediano plazo la situación social-, proteger a determinadas poblaciones más vulnerables, fortalecer las capacidades del sistema de salud –que en los últimos tiempos en la mayoría de las sociedades había sido bastante descuidado- y estar prestos al aprendizaje mutuo acerca de cómo se comporta el virus en las distintas sociedades y cómo se puede aprender de buenas prácticas que se desarrollen en los demás países. Y esta es tarea de equipos técnicos dedicados a hacer el seguimiento del tema, rol en el cual las universidades pueden cumplir un gran papel, ojalá haya un liderazgo universitario en esa dirección.
Pero igualmente es importante, que los mecanismos de control del sistema político –control político a cargo del Congreso, fiscal a cargo de la Contraloría, administrativo por la Procuraduría y la Fiscalía cuando haya evidencias de violación de la ley- funcionen a plenitud, no para hacer protagonismo en la opinión, sino para facilitar una eficaz gestión pública, y ojalá pudiéramos hacer un gran esfuerzo por apartar las simpatías o antipatías políticas por este o aquel gobernante, para cuestionar o aplaudir decisiones políticas. Probablemente los Partidos Políticos todos, que han estado muy ausentes hasta el momento, podrían por su lado, promover un gran acuerdo político para sustraer de la controversia partidista el manejo de la pandemia, sin que ello signifique, darle manos libres a los gobernantes para que hagan lo que quieran, sino un razonables y necesario apoyo para la gestión de esta grave crisis que vive el mundo actual, esperando que los mecanismos de control establecidos funcionen a plenitud.
