Durante décadas, el debate económico ha estado marcado por una falsa dicotomía: la separación entre la eficiencia del mercado y el fundamento éticoque motiva la acción del Estado. Como si fueran esferas independientes. Como si el crecimiento pudiera sostenerse ignorando la desigualdad. Como si la productividad no dependiera, en última instancia de la cohesión social. Afirmaría en voz alta: Adam Smith, dejando una primera lección para Colombia.
Colombia encarna hoy esa “tensión”. Mientras algunos territorios logran integrarse a dinámicas productivas modernas, otros permanecen atrapados en estructuras económicas precarias, con baja movilidad social y acceso limitado a oportunidades. La evidencia reciente confirma la persistencia de profundas brechas regionales y de ingreso que son económica y socialmente ineficientes e injustas.
En este sentido, los mercados solo alcanzan su eficiencia cuando operan dentro de un marco institucional sólido y moralmente legítimo que garantice condicionesde equidad y justicia. Sin estas bases, la “mano invisible” de Smith pierde capacidad para orientar recursos hacia sus usos más productivos y termina reproduciendo: mercados imperfectos, capturas de rentas y mayores desigualdades personales y territoriales.
En Colombia, esas condiciones iniciales se refuerzan con una geografía fragmentada, una persistente informalidad, baja productividad y una limitada provisión de bienes públicos. El resultado es un sistema en el que el talento no siempre se convierte en capital humano y donde el esfuerzo individual no garantiza integralmente la movilidad social.
Por consiguiente, el papel del Estado no es accesorio: es constitutivo cómo indica Adam Smith. No se trata de intervenir contra el mercado, sino de hacerlo posible. Sin inversión sostenida en bienes públicos y sin reglas claras, los mercados no operan con eficiencia. No porque la teoría falle, sino porque la realidad impone restricciones que distorsionan sus resultados, cuándo tanto el sector privado y público gobiernan bajo este falso dilema.
En este debate, existe un componente más profundo y, a menudo, subestimado que ignora otra lección de Adam Smith: la dimensión moral de la economía: una sociedad no es solo un conjunto de intercambios; es una red de confianza y de cooperación social. Cuando la desigualdad se percibe como injusta, esa confianza se erosiona. Prevalece la evasión fiscal, la informalidad y el debilitamiento institucional de la democracia. En consecuencia, el contrato social se deslegitima. Por supuesto, sin contrato social, no hay eficiencia que perdure. En contexto, la redistribución debe entenderse no como un mecanismo asistencial, sino como una intervención institucional que encarna una idea moral que fundamenta una acción colectiva, para fortalecer las capacidades humanas en regiones rezagadas, cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad institucional, con esto, no solo corrigen las desigualdades, sino que se amplía la frontera productiva y se fortalece la cohesión social.
Crear este círculo virtuoso exige ajustes técnicos. También, requiere una visión integral que reconozca que la política económica y social no puede desligarse de la ética pública. La legitimidad del sistema económico y democrático depende tanto de las condiciones iniciales como de sus resultados, así como de la percepción de justicia de la ciudadanía.
Desde la perspectiva smithiana, esto implica comprender que la sostenibilidad de los mercados depende de sociedades más inclusivas. Lo que supone para empresas y ciudadanos, asumir que el cumplimiento de obligaciones fiscales es un acto de corresponsabilidad. Y para los formuladores de política, implica abandonar este falso dilema entre eficiencia y equidad.
En resumen, la lección de Smith para Colombia es contundente: no hay crecimiento sostenible en sociedades profundamente desiguales. La eficiencia sin justicia es frágil; y la justicia sin eficiencia, es inviable.
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