La erradicación de las violencias recurrentes que tanta devastación han dejado a Colombia debiera ser la mayor prioridad nacional, asumida por los diferentes sectores.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran proclives al mantenimiento de la desgarradora situación, como si les representara provechosa rentabilidad o favorecimiento de sus intereses.

Es comprobable la complicidad de dirigentes políticos, algunos empresarios y hasta de servidores oficiales, inclusive de desviados miembros de la Fuerza pública del Estado. ¿Acaso no quedaron al descubierto patrocinadores del paramilitarismo o los narcotraficantes que han irrigado estructuras calificadas de guerrilla o de otras vertientes criminales?

La cadena de los que han hecho causa común con los grupos armados ilegales no es un secreto. Son muchos los testimonios de quienes hicieron parte de las cúpulas del paramilitarismo que han dado cuenta del engranaje utilizado para sus escaladas de violencia en diferentes regiones y variadas finalidades. Y uno de los capítulos reveladores del propósito de obstaculizar los acuerdos de paz tiene como protagonista al expresidente Iván Duque.

En su gobierno se buscó hacer trizas el acuerdo de paz alcanzado durante el mandato de Juan Manuel Santos con las Farc. Se subestimó la implementación de cuanto se proyectó y se echó por la borda todo el espíritu de esa negociación, a pesar de lo positivo que representaba para la nación.

Y son muchas más las acciones generadoras de violencias en el desarrollo del conflicto armado y de otras confrontaciones criminales. El exterminio letal de la Unión Patriótica con el asesinato de sus militantes y sus dirigentes fue un genocidio político aberrante.

La violencia en su perversa expresión. Como lo consumado con la ejecución extrajudicial de los 6.402 jóvenes en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe. Más la muerte de los dirigentes de causas sociales, de los defensores de derechos humanos y ambientalistas.

A todo ese desgarrador sacrificio se suman tantos otros colombianos eliminados a sangre y fuego o bajo la presión del secuestro: candidatos presidenciales, periodistas, firmantes de paz, campesinos, sindicalistas, militares y policías en funciones.

Las escaladas de las guerrillas, de los paramilitares, de las mafias del narcotráfico, de los delincuentes que ejercen la violencia sin contención han sido una especie de matadero con sevicia y abyección contra la vida, hasta de los mismos sediciosos.

Es ante esa suma de violencias que deben unirse los colombianos, haciendo funcional el Estado social de derecho, como generador de políticas públicas que privilegien la vida y no cedan en el ideal de consolidar las condiciones que garanticen el bienestar colectivo.

No se debe dejar apagar el proceso de cambios que los colombianos anhelan. Hay que salir de la fragilidad y asumir propósitos que le pongan fin a los atrasos, a la desigualdad, a la degradación de la política y a la permisividad de cuanto contradiga la posibilidad de garantizar satisfacciones generales.

Lo que se debe matar es la violencia con todas sus atrocidades.

Cuando se proclama a Colombia como potencia de la vida no se está cayendo en demagogia. Es la causa que el país debe llevar a su máxima expresión. Y debe tener espacio el diálogo que lleve a acuerdos sostenibles.

Puntada

Mucho de lo dicho por los prelados de la Iglesia Católica en Colombia durante Semana Santa es un positivo aporte a la paz. Como para tomar en cuenta, a pesar de quienes atizan el conflicto armado.

ciceronflorezm@gmail.com

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