El Congreso ha decidido abocar el tema de los peajes en Colombia, y sería la gran oportunidad para que por fin se establezca una regulación, que permita no solo la eficiencia del servicio, sino una equidad en lo que tiene que ver con la retribución a las comunidades afectadas.

Debemos comenzar por señalar que en materia de ingresos y gastos, esta información debe ser pública, para que se pueda tener un instrumento de control ciudadano. Los usuarios de una vía, además de tener la obligación de pagar por hacer uso de ella, también deben tener el derecho de saber cuánto se recauda mensualmente y a dónde van a parar esos ingresos.

Esto quiere decir que dentro de un esquema lógico, a medida que se perciban mas ingresos, mayor debe ser también la inversión en la vía. Hoy podemos observar trayectos con un enorme tráfico y con unas deficiencias aterradoras, porque las inversiones no llegan con la oportunidad que se requiere. Si el ciudadano pueda llegar a saber qué entra y, cuánto y en qué se invierte, el resultado sería otro. 

Buenas ideas han aportado el representante Fabián Díaz, cuando reclama que en materia de zonas apartadas o de condiciones económicas difíciles, la tarifa debe ser menor; lo mismo con determinadas zonas agrícolas; es cuestión de elemental equidad social; y la senadora María del Rosario Guerra, reclama baja de precios en aquellos peajes que ya han cumplido con la reversión de costos al concesionario de la vía .

Y habrá que revisar la concentración de peajes en ciertas zonas, pues un recargo en su pago, afecta indiscutiblemente la economía de las regiones implicadas; y al respecto hay muchas quejas no atendidas en distintos lugares del país, lo que ocasiona inconformismos por las injusticias derivadas.

Fuera de eso, la estadística señala que por concepto de peajes, se están recaudando cerca de tres billones de pesos , y de esa suma, se deduce que sólo el 4% de la malla vial está en buen estado, lo que significa una tremenda realidad que es necesario y urgente revisar.

Y por último, el hecho de que los peajes electrónicos no estén funcionando todavía, a pesar de los extendidos plazos, es una señal de la enorme parsimonia con que los planes avanzan, perjudicando sectores fundamentales de la economía.  

La política pública en torno a este asunto, es en verdad una urgencia nacional.