Ni los más aferrados a la distorsión de la realidad pueden tapar los graves problemas acumulados en Colombia. Es una nación con una ostensible desigualdad social, y sus entramados de violencia, corrupción, depredación de los recursos naturales y diversos factores que perturban la existencia de sus habitantes son cada vez más evidentes.

Todo ello es el resultado de gobiernos que han puesto el poder en función de intereses excluyentes para garantizar beneficios a sectores minoritarios, insensibles a las precarias condiciones de vida que predominan entre la población mayoritariamente pobre.

La norma constitucional del Estado social de derecho no pasa de ser un ideal fallido.

El déficit abrumador del sistema de salud no puede imputarse al gobierno actual. Se llegó a esa precariedad por disposiciones de ley promulgadas en gobiernos anteriores y con el beneplácito de mayorías que legislan en el Congreso bajo las órdenes de los grupos económicos con capacidad de decisión.

Manejar la salud como un negocio y no como un derecho fundamental llevó a que los recursos públicos se destinaran al enriquecimiento de los dueños de las entidades privadas creadas con esa finalidad. El robo de billonarias sumas ha generado efectos negativos en la prestación de los servicios prioritarios.

El inventario de los males de la nación debe tomarse en cuenta en su dimensión, y no con vociferación electorera, como lo vienen haciendo aspirantes a la Presidencia que en el pasado contribuyeron a políticas que dejaron saldos negativos que aún padecemos hoy.

Esos predicadores de “salvación” son herederos activos de la gestión errática de sus antepasados. Son actores de la violencia y, cuando menos, cómplices de las mafias que obran como enemigas de la patria, sin el menor recato. Todo lo hicieron consciente de los resultados que buscaban en su perversión.

No pueden tener credibilidad quienes se han opuesto a las soluciones a los problemas que debilitan la vida de la comunidad nacional.

Son los mismos que hacen creer que la búsqueda de una paz negociada equivale a la impunidad para los actores de los grupos alzados en armas. También son los mismos que patrocinan grupos criminales de las filas paramilitares, la explotación ilegal de oro o el asalto a los recursos destinados a la alimentación escolar mediante contratos con ventajas dolosas.

También hacen parte de la cadena de las ejecuciones extrajudiciales, cuya criminal represión arrebató la vida a 6.404 jóvenes revestidos del estigma calumnioso de guerrilleros.

La oferta de los involucrados en las políticas fracasadas de los partidos que han gobernado Colombia es mentirosa. Ese palomismo es un engaño y los colombianos lo saben.

Igual de falsas son las escenas del abogado Abelardo de la Espriella por más que estire las rayas del tigre. Sería caer en una enorme frustración repetir los errores del pasado.

Es hora de generar la convicción de que el país debe superar las crisis que lo agobian, destinando la tierra a una producción de utilidad común y no congelarla en la esterilidad del feudalismo retrógrado. Y, asimismo, buscarle salida a las carencias abismales que afectan la vida de la mayoría de los colombianos.

El cambio ya iniciado debe continuar, con adiciones y correcciones para su consolidación.

Puntada

El nombramiento de Tania Manzano en la dirección de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero debe garantizar la apertura y el fortalecimiento de la institución. Ella tiene el talento para hacerlo posible.

ciceronflorezm@gmail.com

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