La norma de la Constitución según la cual “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, es mera ficción. Ese principio tan altruista, tan avanzado y progresista choca con la realidad nacional, que es contraria a lo que se proclama en el artículo 1 de la Carta y el título De los principios fundamentales.

La división clasista de la sociedad, con el beneplácito de su cúpula dirigente, la misma que tiene el control del poder y su usufructo, introduce condiciones de desigualdad, con efectos de exclusión, lo cual anula la garantía de que todos puedan compartir las mismas oportunidades o estar bajo el común denominador de la supremacía del interés general. El resultado repetido es el de la frustración de los ideales y el debilitamiento de la confianza colectiva respecto a quienes gobiernan y determinan el destino de una comunidad indefensa ante la adversidad que la asedia en su cotidiana existencia.

El ejercicio del voto popular aplicado a la elección de funcionarios públicos en cargos de Gobierno se entiende como una expresión de la democracia y debiera serlo. Pero no lo es. Ese proceso tiene deformaciones que deslegitiman su finalidad.  En no pocos casos, los depositarios de la confianza popular resultan inferiores a las responsabilidades asignadas por los ciudadanos. Y allí también se rompe el ideal de la participación popular, llamada a generar control sobre el manejo de lo público. Si esa función se vuelve deleznable, se desvía el alcance democrático que se le da a la voluntad del elector.

Por donde quiera que se mire el tejido de la sociedad colombina se descubre en forma ostensible la falta de equidad. Las diferencias son muchas veces abismales a pesar de los remiendos o paliativos de las disposiciones de ley. La preservación de privilegios no da lugar a la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento de derechos sin discriminación alguna. Inclusive, la justicia se desquicia en detrimento del rigor que debiera predominar en su administración conforme al derecho y a los principios de la ética, que es la protección contra los riesgos de abuso de poder y manipulación que lleva a la formación.

La verdad es que Colombia debe salir de las estrecheces de la desigualdad y meterse en la causa de poner las oportunidades al alcance general. Que nadie sea excluido, ni discriminado. Desde un  partidor común, todos deben tener la misma posibilidad de alcanzar sus metas. Esa es la democracia. Y es lo que hace sentir la libertad como una protección efectiva a la existencia humana.

Superar la desigualdad es garantizar la convivencia y el entendimiento. Es poner la democracia en función.

Puntada

La condena o rechazo a los grupos criminales también cuenta para los urabeños que ayudaron al opositor venezolano Juan Guaidó a pasar irregularmente la frontera entre su país y Colombia.

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