El Gobierno ha presentado esta semana su estrategia de defensa y seguridad. Aunque la misma tiene sus raíces en la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, está lejos de ser una copia y avanza en algunos puntos importantes.
La estrategia rescata la importancia de la colaboración ciudadana para la lucha eficaz contra el delito, un elemento sin el cual ninguna estrategia es eficaz y que había sido desechado por Santos. La información y la cooperación que presten los ciudadanos, en el mundo contemporáneo, son vitales en la lucha contra el delito y, en especial, en el combate al terrorismo, del que estamos lejos de habernos librado, tal y como quedó probado con el mortal ataque a los cadetes estudiantes de la escuela General Santander. Sin apoyo de los habitantes, sin sus ojos y oídos, es sumamente dificil prevenir y resolver estos crímenes. El apoyo de los habitantes a sus policías y soldados, la denuncia del delito y los delicuentes, y la información sobre situaciones sopechosas, son conductas arraigadas hasta el hábito en sociedades civilizadas, pero poco comunes en estos lares.
El Gobierno también introduce la ciberseguridad en la estrategia. En los tiempos que corren se hace más daño vulnerado sistemas informáticos que neutralizando aviones, buques o tanques. Además de que se puede hacer de manera remota y sin arriesgar una sola vida, los ciberataques pueden colapsar la prestación de servicios públicos, bancos o bolsas financieras, con mucho más daño que una bomba. La operación sobre las instalaciones nucleares iraníes fue más efectiva que un incierto bombardeo aéreo, por ejemplo, y aún no hay certeza de que haya sido ejecutada por Israel, lo que supone que no se pagan costos políticos y diplomáticos. Colombia está en pañales en esta materia, que necesita conocimiento sofisticado para levantar las defensas que son indispensables, y debe hacer una tarea de formación de expertos nacionales, identificación de blancos vulnerables y construcción de defensas eficaces.
Algunos otros puntos, no destacados suficientemente en el documento, merecen comentario. Uno, la necesidad de hacer de la lucha contra el narcotráfico el eje central de cualquier estrategia de seguridad. El narcotráfico es una plaga de la que veníamos librándonos con relativo éxito hasta la claudicación de Santos que, para complacer a las Farc, renunció a su combate y, peor, estableció incentivos perversos para el narco en el acuerdo con esa guerrilla que nos han llevado al mar de coca en que hoy vivimos. No hay esfera de la vida social que no toque el narcotráfico para infectarla. Si no lo entendemos y focalizamos el grueso del esfuerzo en su combate, no saldremos del ciclo de violencia en que vivimos desde mediados de los setentas cuando floreció la cultura marimbera.
Dos, la urgencia de entender que, en el campo colombiano, las soluciones de seguridad no deben estar solo en cabeza de la Fuerza Pública sino en la acción integral del Estado. Una y otra vez soldados y policía neutralizan y desplazan estructuras criminales y, después, el Estado es incapaz de consolidar los territorios. Como resultado de la ausencia de control territorial pleno, más temprano que tarde florecen de nuevo los violentos. El fracaso de la estrategia de Santos en este campo es palpable: en los municipios de desmovilización la violencia homicida creció un 27% el año pasado. Se mata más que en las épocas de enfrentamientos abiertos con las Fuerzas Militares y la Policía.
Finalmente, el análisis geoestratégico profundo que muestre los riesgos reales para nuestra soberanía y nuestro territorio. Es entendible que en documento público no se aborden de manera clara estos desafíos, pero no es menos cierto que resulta indispensable hacerlo. En nuestro caso, además, porque la porosa frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela no solo es imposible de controlar sino que se ha convertido en el refugio de narcos y guerrilleros, en no pocas ocasiones con la complacencia de las Fuerzas Armadas. Conseguir la colaboración venezolana debe ser un objetivo estratégico para Colombia, se caiga o no Maduro.
