Los actos de abuso de poder en Colombia no son una excepción sino una práctica constante.
Es la degradación de la función pública en beneficio de intereses particulares, con lo cual se hace efectivo el enriquecimiento ilícito y se trafica con desfachatez.
Y no es un mal que involucre a servidores oficiales de menor cuantía. Cunde en las entidades del más alto nivel.
Casos como los que ha protagonizado el suspendido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, llevado ahora a juicio ante el Senado, son reveladores de recurrentes episodios vergonzosos.
Pero también se han dado en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en el Consejo Superior de la Judicatura, el DAS, en Incoder, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Militares y en el Inpec, entre otros.
También es muestra de ejercicio punible de gobierno el carrusel de la contratación en el Distrito Capital de Bogotá.
De ese desgreño no se salvan universidades regionales convertidas en haciendas privadas de quienes se erigieron como sus dueños absolutos para apoderarse de los recursos, sin importarles lo más mínimo el desarrollo académico. Igual destino siguieron hospitales y centros de salud a los cuales entraron los grupos de saqueo para privatizar y robar descaradamente, mientras se dejaba sin cómo atender a los pacientes que demandaban tratamientos para sus dolencias.
Por el manejo abusivo del poder han fracasado no pocos proyectos destinados a resolver crónicos problemas en las regiones.
Se ha atrasado la educación, se han descuidado programas preventivos de salud, se ha pervertido la minería, se ha acumulado desgreño en los entes encargados de aplicar políticas ambientales y se ha creado una corriente de autoritarismo que impone su voluntad en abierto desafío contra la democracia, lo cual tiene finalmente repercusiones negativas de orden político. Los procesos electorales están afectados por esa contaminación.
El predominio de las conductas que encarnan abuso de poder es contrario al rumbo que requiere el proceso de paz que está en curso. Si no se erradica la corrupción como expresión de ese manejo disoluto de gobierno se le abre espacio a una peligrosa contradicción. Corresponde a los servidores públicos en todos los cargos obrar bajo el común denominador de la honradez, despojados de malas tentaciones. La trasparencia, la austeridad, la decencia, la eficacia, deben aplicarse sin esguinces y como compromiso ético.
La vida del expresidente de Uruguay, José Mujica, tanto en lo privado como en su quehacer público, es una lección de solvencia moral. De clásica sencillez, de resplandeciente probidad, de ponderada calidad humana. Demostró que el poder es para servir, para ganar respeto, querencias y prestigio haciendo bien la tarea y no incurriendo en vicios deshonrosos. Es el desempeño de la autoridad sin rapiña, sin trampas. La comprobación de que la corrupción no es inherente a la función pública y que se puede manejar el poder sin enlodarse y sin venderle el alma al diablo. Una guía para quienes están en los cargos que configuran el poder. Cero abuso debiera ser la norma.
Puntada
Avanza 2016, el año de la paz y con esta, que es lo prioritario, los cambios que necesita Colombia para fortalecer la democracia en todos los frentes. Es la oportunidad de poner a Norte Santander en la línea de vanguardia de lo mejor que emprenda la nación.
