La decisión del gobierno de realizar una consulta popular no es un acto populista ni tiene contaminación demagógica de tinte electoral. Es un recurso institucional de alcance democrático, como expresión de la voluntad ciudadana en defensa de derechos desconocidos por una célula del Congreso de Colombia bajo la rigidez de un conservadurismo regresivo.
En su artículo 3 la Constitución de Colombia dice:
“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Y en el artículo 2 de la misma Carta está definida la función del Estado, así: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

La propuesta de la consulta popular está revestida de ese espíritu solidario. Busca el cumplimiento de la función del Estado en beneficio de todos, como reparación a la negativa de los engreídos miembros de la comisión séptima del Senado.
La participación del pueblo es una decisión de interés general que fortalece la dinámica social del Estado. El pueblo deja de ser un convidado de piedra y se convierte en un actor visible en la protección de sus propios intereses.

Es deseable que los colombianos asuman en forma militante todo cuanto contribuya a la superación de la desigualdad que ha sido predominante en la nación en detrimento del bienestar que dispone la Constitución.
La acumulación de problemas con afectación colectiva anula las posibilidades de un desarrollo con prosperidad y favorece las prácticas viciadas en el manejo del país.
La democracia no puede reducirse a unas elecciones periódicas que no se articulan con las demandas de la comunidad en seguridad, salud, educación y la satisfacción de tantas necesidades subestimadas por quienes han actuado con ínfulas de dueños del poder durante tantos años.

Desde luego que este salto de reconocimiento de la soberanía del pueblo en la protección de sus derechos demanda una tarea que lleve a la consolidación de una conciencia colectiva en esa perspectiva. Hay que hacerle frente a quienes se oponen al cambio. Se impone un ejercicio pedagógico que derrote a los oficiantes del statu quo, a los que estigmatizan a los abanderados del cambio porque les interesa el continuismo de la corrupción, de la politiquería, del atraso, de la violencia y de tantos otros males que se volvieron crónicos.

La causa prioritaria es convertir la consulta popular en una fuente caudalosa de la democracia participativa para sacar a Colombia del entramado de adversidades recurrentes.

Puntada
Ante los actos de violencia ejecutados en Cúcuta por las mafias armadas hay que responder colectivamente con un rechazo que trascienda. Es la defensa de la comunidad en función de la paz.

ciceronflorezm@gmail.com

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