Más allá de constatar que vivimos en el reino de la inseguridad jurídica en el que los jueces hacen lo que se les da la gana, para el ciudadano de a pie los hechos ocurridos alrededor de la JEP y Santrich dejan tres conclusiones: a) que las autoridades judiciales, manchadas por decenas de casos de corrupción en sus más altas esferas, operan para dejar en libertad y no extraditar a un mafioso, b) que el acuerdo con las Farc está por encima de la democracia, el derecho y la justicia y sus beneficios de impunidad se extienden para delitos cometidos más allá de su firma, y c) que el Gobierno se ve impotente para dar respuestas frente a semejante escenario. 

En paralelo, y también como resultado del acuerdo con las Farc y su implementación por encima del triunfo del No en el plebiscito, la sociedad está altamente polarizada, vivimos en un mar de coca y son muchos los estímulos para el narcotráfico, como consecuencia los homicidios, la violencia y la inseguridad empiezan a crecer, la corrupción sigue siendo asfixiante, y las instituciones públicas no operan para el bien común sino para favorecer a los criminales. 

Los sentimientos de asco, indignación, ira, impotencia, ausencia de guía y liderazgo son crecientes y muy preocupantes. Por eso hago estas reflexiones: 

Estamos en lo que Álvaro Gómez denominaría un “régimen” donde se bloquea todo esfuerzo para hacer una reforma a la administración de justicia y al acuerdo con las Farc, aunque hayan triunfado el No en el plebiscito y Duque tenga un mandato para emprender esas reformas. 

Aunque siempre he visto con desconfianza ese mecanismo, porque es una caja de pandora y genera incertidumbre, a estas alturas está clarísimo que para conseguir romper ese bloqueo es indispensable acudir a una asamblea constituyente. No hay alternativa. 

Una constituyente para superar de una vez por todas la situación de polarización social y política que hoy vivimos y alcanzar un acuerdo sobre lo fundamental. Una constituyente para asegurar la democracia republicana, hacer las reformas política y a la justicia que están pendientes, y poner la Constitución por encima del acuerdo con los bandidos, impedir que los criminales tengan más y mejores derechos que quienes nunca hemos delinquido y asegurar los derechos de las víctimas. Una constituyente para que se defiendan la familia, la vida y la libertad religiosa. Una constituyente para construir las instituciones indispensables para combatir de manera eficaz la corrupción. Una constituyente que siente las bases que permitan el desarrollo de la economía social de mercado como la única que, en los hechos y no en el discurso, crea riqueza, genera empleo, disminuye la pobreza y la inequidad. Una constituyente para preservar nuestras riquezas naturales y el medio ambiente y para derrotar de una vez y para siempre el narcotráfico. 

Ahora, hoy, a diferencia de antes de la constitución del 91, para ir a una constituyente hay que pasar por el Congreso. Como el gobierno no tiene mayorías parlamentarias, hoy esa propuesta fracasaría. En todo caso, no pareciera que el presidente Duque crea conveniente convocarla. 

Sin liderazgo presidencial y sin mayorías en el Congreso, no habrá asamblea constituyente. De manera que tendremos que seguir soportando el estado actual de cosas hasta que se ganen las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2022. 

Reconocer esa realidad, sin embargo, no significa, no puede significar entregarse al desesperanza o a la inacción. Las mayorías que queremos la paz sin impunidad y sin privilegios para los criminales, las que queremos justicia, las que defendemos la vida y la familia, las que nos negamos a doblegarnos frente a la corrupción y el narcotráfico, hemos ganado, sin plata, sin contratos, sin burocracia, contra todos los partidos y los medios, todas las elecciones desde el 2014. Los desengaños y conejos que nos han hecho no restan una pizca de verdad a esos triunfos. Esas victorias muestran que es posible. La realidad de ahora nos exige un nuevo y mayor esfuerzo. ¡Juntos podemos!