De acuerdo con el diccionario de la RAE, la voz panacea significa ’medicamento a que se atribuye eficacia para curar diversas enfermedades’. Cuando la misma obra define el término marihuana, indicando que ‘tiene propiedades estupefacientes o terapéuticas’, denota parte de sus beneficios medicinales justo después del elemento negativo de la definición. Los estupefacientes son estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos.

La marihuana tiene entonces una conflictiva naturaleza. Hoy sabemos que los efectos terapéuticos del cannabis no son solo la conclusión empírica de sus consumidores, y que su regulación en Colorado, California, Massachusetts, Países Bajos e Israel no condujo a la peor crisis de salud pública de la historia. En consecuencia, sus detractores habían exagerado desde la década de 1960 al incluir a la marihuana entre las peores sustancias estupefacientes.

También debe reconocerse que el abuso del uso recreativo de la marihuana no es un hábito saludable, y que el mercado regulado aumentará el acceso a la sustancia. Así sucede con el tabaco y el alcohol, sin que la ciencia les haya reconocido de forma generalizada efectos medicinales. Sin embargo, estas contingencias deben preverse y mitigarse ante la propuesta de una legislación más permisiva.

Fui autor y ponente de la Ley 1787 de 2016, que crea el marco regulatorio para el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados. A diferencia de las legislaciones europeas y estadounidenses, lugares en los que se viven los efectos menos violentos del narcotráfico, el objetivo en Colombia era que terminara la fracasada, corrupta y costosa guerra contra las drogas. Se trata de una deuda histórica del conservadurismo internacional, liderado inicialmente por Richard Nixon, con América Latina.

El cambio de enfoque consiste en dar prioridad a los consumidores y a las comunidades víctimas de la violencia: mitigar la enfermedad con calidad y detener el sufrimiento con legalidad. Por tanto, esperamos que el proyecto de reforma constitucional del cannabis, que habría autorizado su uso adulto, sea presentado y aprobado en las próximas legislaturas.