El debate público en Colombia viene enrareciéndose, quizás resultado de la polarización que nos dejara Santos, quizás por la ideologización extrema que abandona la búsqueda de la verdad para limitarse a construir trincheras, quizás porque a la academia y los medios se ha colado la intolerancia propia de los violentos. Como sea, ahora abundan opinadores que acusan de “indecentes” a quienes disienten de ellos, a quienes no leen la realidad con sus espejos.
Confieso que he desarrollado cuero. Me he acostumbrado a los insultos, a la injuria, a la calumnia. Mi madre, ya anciana, ni se inmuta cuando la mientan. Me han acusado de para, de facho, de corrupto. Se han metido con mi familia. Pero cuando académicos que respeto, contradictores con los que he tenido discusiones públicas y privadas enriquecedoras y provechosas, caen en la misma práctica de señalar de ”indecentes” a quienes discrepan de sus puntos de vista o de su lectura de los hechos, no solo me desconcierta sino que se agudiza mucho mi preocupación por la calidad del debate público.
Fue lo que ocurrió esta semana con el asunto de las nuevas pruebas solicitadas por la JEP en relación con el caso Santrich. Fue esa solicitud adicional la que se perdió en Panamá. Que la carta debió irse también por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá acá y por Cancillería, es una discusión distinta y, si se quiere, menor. No puede centrarse la atención ahí, como ha ocurrido, sino para revisar los procedimientos que se usan para tramitar estas solicitudes y para revisar la (in)eficiencia del 4-72, la compañía postal estatal.
Ahora es verdad que el episodio le dio a la JEP una excusa. Lo usará para sostener que es responsabilidad del Gobierno que la decisión no se haya tomado todavía. Pero es eso, solo una excusa. Primero, porque la JEP tiene pruebas desde julio del 2018. Me lo ratificaron no solo funcionarios de Fiscalía y el Ministerio de Justicia, sino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con lo que le entregaron el año pasado, la JEP ha debido tomar la decisión de autorizar la extradición de Santrich porque lo recibido prueba inequívocamente que los delitos de narcotráfico que se le imputan al jefe guerrillero habrían sido cometidos después de la firma del nuevo acuerdo final. Es todo lo que debe verificar la JEP. Ese es el alcance de su competencia en esta materia. Absolutamente nada más. Cualquier otra cosa es abusiva y no tiene respaldo legal. Segundo, porque acá de lo que se trata es de verificar si la JEP es un tribunal dirigido a garantizar la impunidad de facto de las Farc, y no solo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc durante el conflicto, como hemos sostenido algunos, sino también de los delitos cometidos después de la firma del segundo acuerdo de Santos.
Y eso es lo que está en juego. Eso y la carta blanca tácita para seguir delinquiendo que supondría la no extradición de Santrich. Si los bandidos saben que la JEP los protege… Claro, también la extradición de Márquez, el Paisa y de los demás narcos de las Farc, señalados por el sobrino de Márquez. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y, lo más grave, la extradición misma como figura de cooperación judicial internacional, que se va al demonio si la JEP hace un examen de las pruebas más allá de verificar la fecha de los supuestos hechos. ¡Las pruebas de la responsabilidad de los imputados se estudian y analizan en el país que solicita la extradición, no en el que extradita!
Pues bien, la JEP, a pesar esa limitación, decidió pedir más pruebas. Y frente a quienes afirmamos que la JEP ya tenía las pruebas, saltaron muchos, con ocasión de la comedia de la carta refundida, a sostener que tal cosa probaba que la JEP no las había recibido. Hasta ahí, un debate fáctico. Y si se quiere, conceptual acerca de las competencias de esa jurisdicción y su extralimitación. Pero de la controversia a sostener que lo “decente” era pedirle disculpas a la JEP media un abismo. Así de mal está el ambiente de discusión.
