Está de moda lanzar todo tipo de ideas para erradicar la corrupción en Colombia y comenzar a andar un camino nuevo hacia el progreso sin el lastre de ese flagelo que parece incontrolable.
Se proponen reformas legales, castigos ejemplares, cárceles durísimas etc., pero se pasa por alto apelar a los fundamentos morales de la sociedad sin los cuales cualquier intento resultará inútil.
La primera de las acciones para iniciar un cambio en la conducta de los ciudadanos es el buen ejemplo.
El ejemplo que deben dar los padres para que sus hijos se formen con rectitud; el de los profesores para que sus alumnos no solamente aprueben sus asignaturas sino aprendan a ser buenos ciudadanos; el de los sacerdotes para que su comunidad los imite.
Y, de manera superlativa, el buen ejemplo debe ser de los gobernantes, porque si todo el tiempo se sabe que altos -y bajos- funcionarios se alzan con los dineros de las obras públicas, la salud, la educación, la alimentación infantil sin mayores consecuencias para los delincuentes, el mensaje a la sociedad es que todo el mundo tiene derecho a robar.
La pulcritud en el manejo de los bienes públicos está íntimamente ligada con la austeridad.
Gastar los dineros de los impuestos en publicidad innecesaria para hacerle propaganda al funcionario es indebido; despilfarrarlos en lujosos viajes y festejos es una indelicadeza; ordenar contratos sólo para favorecer a los amigos raya en el delito.
Buen ejemplo de austeridad han dado presidentes como Harry Truman, de Estados Unidos, que pagaba con su dinero las estampillas de su correspondencia privada.
O Pepe Mujica de Uruguay que vivió en su modesta casa durante su mandato presidencial.
O Carlos Lleras Restrepo que decidió no permitir licores en los actos oficiales durante toda su administración. O Belisario Betancur que donó el sueldo de sus cuatros años de mandato a obras benéficas.
Y, en cambio, el mal ejemplo cunde. Cuando la Presidencia empezó a repartir los dineros del presupuesto (“mermelada”) a los congresistas con el fin de comprometer su apoyo, los gobernadores y alcaldes oficializaron las “coimas” y los sobornos en todas las regiones del país. Y, de ahí para abajo, los demás empleados públicos se sintieron autorizados para exigir dinero por las funciones puestas a su cargo. Esto lo padecemos todos los colombianos.
La consulta anticorrupción que promueven varios dirigentes nacionales empieza a mostrar su lado débil. La propuesta parece estar tomando un sesgo político que, de seguir así, puede fracasar. También se oyen fundadas críticas, por ejemplo, a la idea de disminuir el sueldo de los congresistas que arrastrará al de funcionarios de la Rama Judicial, porque, por esa vía, en vez de disminuir la tentación de asaltar el erario se puede agravar.
Someter al país a otra campaña electoral cuando no hemos decantado las que acaban de celebrarse y nos preparamos para las del año entrante, parece una exagerada insistencia en acudir a elecciones, mucho más cuando hay dudas sobre la conveniencia y utilidad de la consulta.
