El 15 de marzo de 2018 inició a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por su importancia, algunas personas la han denominado la nuez del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Su función es administrar justicia y conocer de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado.

Tres meses después, a mediados de 2018, Iván Duque fue elegido presidente de Colombia y una de sus principales promesas de campaña fue modificar el Acuerdo de Paz. Y así lo intentó durante su primer año de mandato.

Una parte fundamental de la JEP fue la ley estatutaria que reglamentaba su funcionamiento jurídico. Algo así como un manual de instrucciones para funcionar correctamente. Sin embargo, el 11 de marzo de 2019, antes de que la JEP cumpliera un año de trabajo, el presidente decidió presentar objeciones a esta ley, cumpliendo con su promesa de campaña. Dos meses después, el 29 de mayo, la Corte Constitucional le ordenó al presidente que debía firmar la ley y que sus objeciones no tenían fundamento.

En el marco de este enredo político y jurídico había algo importante que estaba ocurriendo: 55 miembros de la fuerza pública ya habían entregado versiones voluntarias ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego se sumarían más integrantes de la fuerza pública y se conoció que estaban confesando numerosos crímenes cometidos en el contexto de la guerra colombiana. En otras palabras, la JEP estaba logrando que un gran número de personas contaran verdades atroces e incómodas sobre el conflicto armado del país.

La reciente extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, muestra que el inicio y el cierre del mandato de Iván Duque será recordado por su pésima relación con la justicia transicional. En sus primeros discursos prometía modificar el Acuerdo de Paz sin romperlo; hoy, en sus últimos días como presidente, celebra la extradición a EE.UU de este narcotraficante que estaba contando ante la JEP y la Comisión de la Verdad información sobre el tiempo que participó en distintas organizaciones criminales.

Creerle de antemano todo lo que Otoniel estaba contando es una ingenuidad tan grande como descartar totalmente sus confesiones. Algo tendrá por decir quien llevaba treinta años sorteando a las autoridades. Lo sensato en casos como estos es que, en el menor tiempo posible, los organismos judiciales del país se tomen el trabajo de verificar qué tan cierto es todo lo que dice y si existen evidencias que respalden sus gravísimas acusaciones contra personas, agentes del estado e instituciones públicas.

Con la extradición de Dairo Antonio Úsuga quedan en pausa buena parte de las revelaciones que estaba haciendo ante la Comisión de la Verdad y la JEP, y también se cierra el ciclo presidencial de Iván Duque, quien prefirió la extradición en lugar de verificar lo que alguien con treinta años en armas tenía por contar ante la justicia. Un presidente que desde el inicio hasta el final fue adversario de la justicia transicional y que nunca dudó en mostrar su pavor por conocer las verdades de la guerra en Colombia.