La decisión del Congreso de la República de reelegir a Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República merece un análisis detenido y crítico, dado el contexto en el que se desarrolla y las implicaciones que tiene para la institucionalidad del país. Rodríguez ya había sido elegido para este cargo en 2022 y vuelve a ocupar el puesto tras una elección atípica ordenada por la Corte Constitucional con la revisión de una tutela fallada por el Consejo de Estado, la cual obliga a cuestionar tanto el proceso como los fundamentos de su legitimidad.
Es indiscutible que la cantidad de votos obtenidos por Rodríguez, 96 en Senado y 169 en Cámara, refleja un apoyo casi unánime. Sin embargo, esta aparente unanimidad es, en sí misma, motivo de sospecha y reflexión. ¿Qué lleva a que todas las bancadas del Congreso se alinearan de manera tan uniforme detrás de un candidato?
Una vez elegido Rodríguez, y como todos, hizo hincapié en la necesidad de luchar contra la corrupción, el derroche y el mal uso de los recursos públicos. La palabra "independencia" fue repetida varias veces. No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto podrá ejercer esa independencia en un entorno donde su elección parece más un producto de pactos entre élites políticas que de un genuino compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
La situación económica y fiscal del país requiere una evaluación cuidadosa y soluciones innovadoras, y en tal sentido, el contralor hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para explorar alternativas que complementen el recorte del gasto. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de la capacidad del contralor para mantenerse libre de presiones y favores políticos.
En todo caso preocupa la naturaleza atípica de esta elección. El hecho de repetir el proceso por orden de la Corte Constitucional pone en duda la validez del procedimiento original y arroja sombras sobre la elección actual y un llamado de atención para el Congreso: es imperativo que los procesos de selección para cargos tan cruciales sean llevados a cabo con la máxima rigurosidad y en total apego a las normativas legales y éticas.
Es fundamental, por tanto, que el Congreso de la República reflexione sobre la manera en que lleva a cabo estas elecciones. La transparencia, la objetividad y la independencia no deben ser solo palabras en discursos, sino pilares sobre los cuales se construye la elección de funcionarios cuya labor es esencial para la buena marcha del país. Los acuerdos políticos y burocráticos, aunque en ocasiones inevitables, no deben comprometer la integridad y la eficacia del Contralor General.
Por eso hago un llamado a la sensatez de los congresistas. El país necesita instituciones fuertes y autónomas, capaces de enfrentar los desafíos que nos presenta la coyuntura económica y social actual. La Contraloría General de la República es una de esas instituciones. Su rol en la vigilancia y control del uso de los recursos públicos es vital para la construcción de una Colombia más justa y equitativa.
Los ojos de la ciudadanía están puestos en nuestros líderes, esperando que actúen con responsabilidad y compromiso. La reelección de Rodríguez, si bien puede verse como una muestra de continuidad y estabilidad, también plantea preguntas incómodas sobre la verdadera autonomía de nuestras instituciones frente a los intereses partidistas.
Es hora de superar los viejos vicios de la política tradicional y avanzar hacia una nueva era de gobernanza, donde la meritocracia y la transparencia sean principios rectores para asegurar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad lo hagan con la independencia y objetividad que el país necesita.
Punto Aparte
Sin embargo, algunos expertos afirman que dicha elección está viciada porque el artículo 267 de la Constitución establece que no puede ser elegido Contralor quien haya sido gestor fiscal del orden nacional el año inmediatamente anterior a la elección, y Rodríguez lo fue hasta el 15 de junio de 2023.
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”
