Durante la semana anterior al mismo tiempo en que aumentó el rechazo internacional y del pueblo venezolano al régimen de Maduro, este se mostró cada vez más aferrado al poder. Pero se sigue apretando la soga al cuello y el ahorcamiento se acerca de manera irreversible.
Mientras tanto las cabezas del Eln, en su obsesión de hacer juicios sobre la realidad colombiana desde una anacrónica perspectiva insurreccional violenta, totalmente extraña al sentir de las mayorías nacionales, deben estar pensando en si actúan o no en concordancia con ello. Veamos.
Casi al mismo tiempo en que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano convalidaba el espurio triunfo de Nicolás Maduro, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, criticaba esa decisión sosteniendo que es una sentencia fuera de su jurisdicción, de un organismo que carece de autonomía y está controlado por el régimen.
Y esto lo argumentó como parte de un contundente informe que presentó en el pleno de la OEA en el cual destacó gravísimas violaciones a los derechos humanos, represión rampante e impunidad absoluta después de las elecciones del 28 de julio.
De esta manera la OEA reafirmó la decisión de su secretario general de pedir a la CPI orden de arresto contra Maduro y reforzó las posturas que a mediados de agosto asumieron tanto la ONU como la CPI, que desde hace siete años abrió un proceso contra Maduro al que se han allegado múltiples demandas con pruebas.
No es pues aventurado afirmar que se avecina una orden de captura de la CPI contra Maduro, y que a falta de una entidad policial internacional que la haga cumplir, tanto la ONU como la OEA tendrán que diseñar una decisión creativa para proteger la población venezolana evitando la impunidad de Maduro y sus más cercanos colaboradores.
¿Cuál fue la respuesta de Maduro a lo anterior? Además de continuar con sus discursos agresivos, incluyendo el anuncio de la posible detención de Edmundo González, reorganizó su gabinete, designando como ministro del “interior, justicia y paz” a Diosdado Cabello, el hombre largo en palabras insultantes y corto en realizaciones de paz, que en los años ochenta del siglo pasado fue uno de los cadetes que liderados por el capitán Hugo Chávez se comprometieron con la utopía que desembocó en la “revolución bolivariana” estrechamente apoyada por Fidel Castro y con este cargo queda a la cabeza de todo el aparato de justicia, inteligencia y seguridad interiores.
En otras palabras, la respuesta de Maduro fue inequívocamente retadora, diciendo algo así como “me tienen sin cuidado las posturas y denuncias internas y externas respecto al robo de las elecciones y me posesionaré legalmente como presidente el próximo 10 de enero de 2025”.
Ahora bien, las negociaciones con el Eln están congeladas hace más de un mes al mismo tiempo en que esta organización desecha públicamente una propuesta “confidencial” del presidente Petro para continuar dialogando y, por el contrario, trata de imponerle un “ultimátum” si no cumple con unos “compromisos
Lo cierto es que entre los años 2000 y 2003 cuando Chávez iniciaba su mandato, el comando del Eln, que estaba ubicado al sur de Bolívar, decidió mover sus campamentos primero hacia una zona fronteriza, en El Catatumbo, y luego al otro lado de la misma frontera, en Venezuela.
Y hoy podría afirmarse que el 60 o 70 por ciento de la conducción estratégica del Eln se encuentra en territorio venezolano. Además, no hay que olvidar que, en 2016, en su “segunda conferencia nacional militar”, incorporó como uno de sus objetivos estratégicos la “defensa de la revolución bolivariana”.
Así las cosas, el escenario binacional para la pacificación de nuestro país es crítico, con unas características que demandan del gobierno Petro unas decisiones de Estado de dimensiones que hasta ahora no parecen haber sido sopesadas con el necesario criterio derivado de una visión estratégica comprehensiva. Por de pronto, es esencial verificar si el nivel de alistamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional está acorde con las tensiones que pueden resultar en un conflicto armado de expresiones binacionales.
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