La tragedia del asesinato de líderes y miembros de comunidades rurales parece no tener fin, porque es literalmente imposible proteger a cada uno de los miles de ciudadanos que ejercen un liderazgo en los diversos campos de la vida nacional.
Ellos son víctimas de los violentos que defienden los territorios dedicados al delito; de los guerrilleros no desmovilizados que continúan su acción terrorista; de los que aprovechan el caos para sacar ganancias y liquidan a quienes les estorban. En un ámbito tan extenso y disímil la situación de inseguridad es casi irremediable.
Para los gobiernos nacionales resulta muy difícil aclimatar la paz donde los narcotraficantes, las bandas residuales de las Farc, los terroristas del Eln y demás ejércitos ilegales se adueñan de jirones del territorio, reclutan a los habitantes para sus negocios y se disputan a muerte los caminos por donde trafican.
¿Qué se puede hacer? Se afirma que la sola intervención de las fuerzas militares no es suficiente para resolver este enorme problema porque sus acciones son muchas veces insuficientes o inoportunas.
Propongo crear un sistema descentralizado de seguridad y desarrollo para dotar a alcaldías escogidas de acuerdo con sus características, de un sistema de inteligencia bajo la dirección directa del alcalde y la supervisión nacional. También, de un cuerpo policial entrenado y armado con la misma estructura, y de un órgano municipal con funcionarios idóneos y presupuesto amplio para atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos del municipio en desarrollo de programas formados de manera participativa.
Sería una agencia nacional pero descentralizada, con asiento de funcionarios de la Procuraduría y la Contraloría nacionales para la supervisión de su funcionamiento. Los alcaldes reportarían al Gobernador del Departamento el desempeño de esas funciones en informes precisos cada determinado tiempo, y el Gobernador haría lo propio ante la dirección nacional de la agencia.
Los recursos provendrían de los presupuestos nacionales, departamentales y municipales, y de la participación de regalías. Su ejecución corresponde a cada alcalde bajo la supervisión del nivel nacional.
¿Por qué proponer una descentralización de las acciones del Estado? Porque las autoridades locales conocen mejor su territorio y las necesidades de sus habitantes. Y porque no estamos en una guerra entre ejércitos por motivos religiosos; ni estamos siendo atacados por otro país; ni existen luchas raciales.
Claramente, Colombia está invadida por bandas de delincuentes que se aprovechan de las gentes de las regiones comprando su servicio y su lealtad, en alianza con criminales de otros países, frente a un gobierno centralizado que no alcanza a cubrir oportunamente todo el territorio nacional. Responsabilizar, con recursos, a las autoridades locales dentro de una acción estatal coordinada, es un sistema más eficiente para enfrentar esa criminalidad anárquica.
Todos, excepto los delincuentes, queremos la paz. Pero ella no es una idea abstracta, ni es ético convertirla en bandera política. La paz es el valor primordial de la sociedad, que sólo se consigue con el esfuerzo colectivo de los ciudadanos de buena fe.
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