El alud de críticas al servicio de salud que prestan los diferentes organismos hace pensar que en Colombia esa asistencia es pésima e inoportuna. En los medios de comunicación sólo se presentan los casos dolorosos de pacientes desatendidos que muchas veces terminan con la muerte.

Pero, solamente quienes han vivido en otros países, incluyendo a los más desarrollados, pueden comparar cómo funcionan los diversos sistemas de salubridad pública y cuáles son las ventajas del nuestro. Esto casi nunca se divulga.

En unos casos por interés político, y en la mayoría por desinformación, se señala que el complejo sistema creado en Colombia para atender a los ciudadanos, bien sea gratuitamente o mediante la afiliación contributiva, es perverso y se debería cambiar. 

La primera pregunta que se puede formular es ¿cambiar por cuál otro? Porque desmontar lo que existe actualmente generaría un caos inimaginable, que se puede entrever en los problemas que ha suscitado, apenas, un solo ejemplo: La liquidación de Saludcoop que prestaba un buen servicio y que, a mi manera de ver, en forma equivocada fue intervenida por el Gobierno para arruinarla.

El problema de fondo no es que el sistema sea integralmente malo, es que la corrupción y la irresponsabilidad general lo han desvirtuado. Veamos: el Sisben, el sistema de asistencia gratuita que beneficia a millones de ciudadanos, se utiliza fraudulentamente por miles de personas que se “cuelan” con la complicidad de políticos y funcionarios. No sabemos cuándo se tendrá que cerrar por su quiebra.

La tragedia de las EPS es que empleados deshonestos, usuarios indolentes y numerosas providencias judiciales insensatas las han ido desfinanciando hasta el punto de que todo el sistema va a colapsar en algún momento. Inglaterra “se quebró” hace unas décadas por causa de los costos de su sistema de asistencia en salud y tuvo que reducir al mínimo sus servicios. 

Parece que nadie hiciera cuentas de lo que significa para el Estado (es decir, para todos los ciudadanos) mantener un sistema tan enormemente costoso al que todos los días se le imponen cargas sin medida: Primero, claro está, los ladrones; después, los funcionarios de control que exigen servicios pero no castigan a los culpables; tercero, los jueces que no calculan el precio de sus decisiones; después, los malos usuarios que despilfarran las medicinas y congestionan las instalaciones sin necesidad.

Tampoco, casi nadie escucha al ex ministro de salud y ex director del Seguro doctor Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integra, ACEMI, quien señala con insistencia que el sistema acusa un enorme déficit estructural que puede llevarlo a su ruina.

El Ministerio de Salud ha presentado un proyecto de resolución en el que se excluyen 44 servicios del Plan de Beneficios correspondientes a procedimientos, medicamentos y tecnologías no indispensables para la salud, que refleja algo de sensatez y que ojalá entre en vigencia. 

En Colombia no se tienen en cuenta los miles de casos de personas que diariamente reciben asistencia médica, hospitalaria y quirúrgica con las que recuperan la salud y salvan sus vidas.