Los propietarios e inquilinos de bienes inmuebles están alarmados por la aplicación del actual catastro multipropósito, aunque este rezago es una herencia de gobiernos anteriores, lo autorizado por el gobierno de Gustavo Petro en su PND, artículo 49 ley 2294 de 2023, y la resolución 1912 del IGAC, 6 diciembre 2024, donde se adoptará “metodologías y modelos de actualización masiva” que “permita realizar un ajuste automático de los avalúos Catastrales”, agrava la situación.
Una cosa es el avaluó catastral que define el IGAC y otro asunto es el impuesto predial, que oscila entre el 6 y el 16 por mil a cargo de las administraciones municipales, el cual se calcula de acuerdo a la base gravable definida por el IGAC. La culpa de la mayoría de los exagerados impuestos prediales no la tienen las autoridades municipales, es, el avaluó que define el catastro multipropósito, que convierte a pequeños propietarios, en dueños de una riqueza ficticia, así el municipio escoja el menor porcentaje de 6 por mil, el impuesto predial de estos nuevos ricos de “papel”, son impagables.
El afán fiscalista de Petro para paliar el déficit fiscal y hacer clientelismo en busca de elegir un sucesor, despertó el 9 de abril 2026 una justa protesta nacional. Este presidente llegó a amenazar a gobernadores y alcaldes con “destituirlos” por apoyar esta lucha, luego el gobierno de Petro traslado el problema a las regiones, dejando la responsabilidad a los funcionarios regionales del IGAC, o los gestores contratados, como ellos no tiene margen de maniobra, pues tienen que aplicar la ley nacional. El pleito va a continuar. Por lo tanto, es necesario estar en alerta de máxima.
Veamos el origen del problema: La Constitución Política Nacional, CPN, del 91 dijo que, el SGP saldrá de los ingresos corrientes de la nación, el proyecto era que en una década alcanzará el 46.5% de esos ingresos.
La presión del imperialismo, por intermedio del FMI y el Banco Mundial, para que la nación pague el servicio de su deuda externa, llevó a gobiernos anteriores a modificar, en 2001 y 2007, el cálculo del sistema general de participación de los entes territoriales, pasaron de calcularse sobre los ingresos corrientes de la nación ICN, a calcularse de acuerdo al Producto Interno Bruto, PIB así: Educación 58.5 %, Salud 24.5 %, Agua y saneamiento, aproximadamente 5.4%. Destinaron para Propósitos Generales 11.6 %, o sea de libre de destinación, es decir, una chupeta para que los entes territoriales aceptarán este cambio.
De la reforma del 2001, ley 715, los entes territoriales dejaron de recibir 350 billones de pesos, que se fueron para pagar deuda externa y la frondosa burocracia. Petro siguió el mismo camino de sus antecesores. Según la Silla Vacía, este gobierno acumula 374 mil Orden de Prestación de Servicios, OPS, no precisamente para crear riqueza y resolver los problemas de educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Estos burócratas, principalmente, la mayoría se dedican a conseguir votos, para ganar elecciones, a pesar de gobernar mal.
Pagar los impuestos no está en discusión, pero mientras se presenta un proyecto de ley que modifique este entuerto, debemos reclamar jurídicamente utilizando la vía gubernativa, no debemos bajar la guardia hasta lograr un avaluó catastral justo y un impuesto predial pagable,
Se debe estudiar el tema, además participar activamente en las próximas elecciones presidenciales, para elegir una persona que haga un cambio, serio, seguro, que respete la Constitución, que no transija con la corrupción, defienda la soberanía nacional y promueva la creación de riqueza, para mejorar la calidad de vida de la gente.
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