Aunque Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG y uno de los responsables –junto a su hermano– de la debacle de la Nueva EPS, diga que el nuevo modelo de salud para los maestros es “un lujo”, los hallazgos de la Contraloría General de la República cuentan otra historia: una historia de improvisación, desorden y –sobre todo– corrupción.
Su hermano, cuando fue contralor delegado para el sector salud, alistó el terreno para que Cadena llegara a la presidencia de la Nueva EPS. No duró mucho en el cargo. Su paso fue fugaz, pero no irrelevante: después de su salida lo premiaron con la vicepresidencia del FOMAG, desde donde hoy lidera un modelo que ha colapsado en tiempo récord.
Este es el “cambio” que nos prometieron: el mismo clientelismo de siempre, pero con nuevos protagonistas. Apenas arrancó el gobierno, el presidente Petro entregó la Fiduprevisora–la entidad que administra los recursos de salud y pensiones del magisterio– a Jhon Mauricio Marín, un personaje sin experiencia en el sector, con un historial dudoso y nombrado no por méritos sino como cuota de los congresistas Wilmer Carrillo y Saray Bechara, del Partido de la U. Así se reparte la mermelada en este gobierno. Y no: repartir mermelada no es gobernar, es delinquir. Luego llegó Magda Lorena Giraldo Parra, pero nada cambió. El desastre continúa y los maestros siguen pagando las consecuencias.
Según la Contraloría, la Fiduprevisora autorizó el pago de 1,2 billones de pesos a diez operadores sin la aprobación del Consejo Directivo del FOMAG. Se firmaron contratos por más de 650 mil millones sin actas de inicio; se improvisó la contratación médica; se cometieron errores graves en la definición de la población a atender y en los pagos; se firmaron contratos por 168 mil millones sin garantías; se favorecieron ciertas IPS; se utilizaron sociedades ficticias para contratar servicios de salud; se pagaron 52 mil millones en sanciones por el mal manejo de cesantías, y se perdieron casi 24 mil millones por una pésima gestión de cartera. En total, más de 81 mil millones en pagos irregulares y más de medio billón de pesos en hallazgos fiscales. Un desangre sin precedentes.
Y, mientras tanto, Fecode guarda silencio.
Fecode–que debería estar defendiendo a sus afiliados– hoy calla ante el desastre que ellos mismos promovieron. No protestan contra este modelo que ha puesto en riesgo la vida de los maestros; salen a las calles a exigir que nos impongan ese desastre a todos los colombianos. Porque este modelo no solo es un fracaso: es un negocio, y no únicamente de funcionarios, sino también de algunos docentes que operan IPS, reparten contratos y manejan recursos públicos como si fueran propios.
Lo advertimos desde el inicio: este sistema estaba diseñado para colapsar. Pero quienes lo promovieron no buscaban eficiencia, ni calidad, ni cobertura; buscaban poder. Un sistema sin competencia, sin auditoría y sin libre elección. Un sistema que permite repartir la plata entre amigos políticos sin consecuencias. La salud, convertida en botín.
Lo más grave es que esta tragedia tiene responsables con nombre propio. Si un maestro muere porque no recibió el tratamiento que necesitaba, los responsables son el gobierno que impuso este modelo, los funcionarios que lo ejecutan y los directivos de Fecode que lo respaldaron, con la honrosa excepción de Victoria Avendaño, quien votó en contra.
Y como no se trata solo de denunciar, sino de proponer salidas, insisto en una alternativa viable y urgente: incorporar a los maestros al régimen contributivo general, con un plan complementario que conserve los beneficios que la ley les otorga. Los recursos que hoy se destinan son suficientes para hacerlo. Esta fórmula permitiría mejorar la atención, reducir los sobrecostos, garantizar la libre elección y devolverle dignidad al sistema.
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