El gobierno de Gustavo Petro vuelve a extralimitarse. Es el pan de cada día. Esta vez lo hace a través de la Resolución 052 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece nuevas normas para la inspección, vigilancia y control de asociaciones campesinas y agropecuarias. Aunque se presenta como un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de estatutos y normas legales, lo cierto es que vulnera de forma grave el derecho fundamental a la libertad de asociación, consagrado en los artículos 38 y 39 de la Constitución y en tratados internacionales firmados por Colombia.

Esta resolución, que otorga al Ministerio facultades como solicitar información, intervenir en la administración interna de los gremios, remover representantes legales, suspender personerías jurídicas e incluso cancelarlas, ha generado un rechazo frontal del sector gremial. El Consejo Gremial Nacional, sus 33 gremios afiliados y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) han alertado sobre la amenaza que representa esta normativa para la autonomía de las asociaciones privadas.

El problema no es solo el contenido de la resolución, sino la forma. El Ministerio se está atribuyendo competencias que únicamente corresponden al Congreso de la República. Está creando sanciones y medidas correctivas por vía reglamentaria, sin respaldo legal, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, así como lo dispuesto en la Ley 2219 de 2022, que explícitamente prohíbe al Ministerio intervenir en los asuntos autónomos de estas organizaciones. Una medida de este calibre, sin sustento legislativo, abre la puerta a decisiones arbitrarias y a un uso político de la inspección y vigilancia.

¿Se imaginan a Petro ordenando inspecciones a dedo sobre la Federación Nacional de Cafeteros, una organización que tanto ha estigmatizado y perseguido? ¿O imponiendo sanciones a gremios que no comulgan con su visión ideológica? No es solo una inquietud hipotética. En los pasillos del Ministerio se dice que esta jugada apunta a presionar a las asociaciones campesinas de cara a las elecciones del 2026. Pero también hay un interés más profundo y estructural: capturar el control de los fondos parafiscales agropecuarios, recursos que ascienden a cientos de miles de millones de pesos anuales y que hoy financian investigación, asistencia técnica, promoción y desarrollo de mercados en sectores clave como el café, el arroz o la ganadería.

En Colombia existen al menos 16 fondos parafiscales agropecuarios, cada uno ligado a un sector específico. Los recursos parafiscales son una contribución definida por la ley que la pagan los productores de un sector específico y que los administra el gremio que los representa.

La tentación de ponerle la mano a esta caja ha sido constante, pero pocos gobiernos se habían atrevido a hacerlo tan abiertamente como el actual.

Y claro, uno podría apostar a que una medida como esta jamás se intentaría para intervenir sindicatos. Aunque sería igual de violatoria de la Constitución, con ellos no se meterán. ¿Se imaginan a otro gobierno haciendo esto mismo con Fecode? Entrar a revisar sus finanzas, su administración, sus vínculos políticos… ahí sí que encontrarían muchas cosas oscuras. Pero Petro sería el primero en salir a protestar, micrófono en mano, denunciando una persecución.

Una cosa es hablar de cambio, y otra muy distinta es usar el discurso de transformación social como excusa para desmontar el equilibrio institucional. Esta resolución no solo pone el altísimo lo riesgo la autonomía gremial, sino que establece un precedente gravísimo: el del gobierno que, desconociendo la división de poderes, se otorga a sí mismo la facultad de intervenir, sancionar y controlar a la sociedad civil organizada.

Por eso la SAC ya anunció que acudirá a las instancias judiciales para frenar esta medida. Y tiene razón. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del sector agropecuario, sino la vigencia de derechos fundamentales en una democracia. El Gobierno debería recordar que el Estado de Derecho no es un estorbo: es la única garantía de que los cambios, cuando se dan, no se conviertan en imposiciones autoritarias.

Pero como ya es costumbre con este gobierno: no me sorprende.

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