Mientras Colombia se acerca al cierre del ciclo político de Gustavo Petro, se hace inevitable mirar hacia atrás para analizar los resultados de este gobierno y estudiar las posibilidades que ofrecen los candidatos de las próximas elecciones.

Entre los proyectos insignia del actual gobierno se encuentra la "Paz Total", una propuesta ambiciosa que comenzó en 2022 para solucionar múltiples conflictos de asimetría social y que a día de hoy enfrenta su juicio más severo dado sus polémicos resultados.

En Norte de Santander, y particularmente en el área metropolitana de Cúcuta, la seguridad se ha convertido en un mosaico de contradicciones. Según datos consolidados del Ministerio de Defensa y centros de pensamiento independientes, el país ha experimentado una reducción dispar en los indicadores de violencia. Si bien la tasa nacional de homicidios mostró un descenso marginal del 4% en el último bienio, el fenómeno del confinamiento y el desplazamiento forzado en el Catatumbo se mantiene estancado, afectando a cerca de 120.000 personas en la región.

El núcleo del dilema reside en la metodología. La estrategia gubernamental ha priorizado el cese al fuego bilateral con grupos como el Eln y las facciones de las disidencias del Estado Mayor Central. Sin embargo, la ausencia de una presencia estatal civil robusta en los territorios "desocupados" por la guerra ha permitido que el control social migre de lo militar a lo extorsivo. En Cúcuta, las denuncias por extorsión a pequeños comerciantes crecieron un 18% en el último año, una cifra que los analistas vinculan a las bandas locales que operan bajo la sombra de las grandes franquicias insurgentes.

Por otro lado, el componente social del programa "Jóvenes en Paz" ha comenzado a arrojar sus primeros datos de impacto. Con una inversión nacional que supera los 1.2 billones de pesos, el programa busca arrebatarle capital humano a la criminalidad mediante transferencias monetarias condicionadas. En las comunas de Cúcuta, aproximadamente 8.500 jóvenes han ingresado al sistema. No obstante, la efectividad a largo plazo sigue siendo una interrogante: ¿pueden 11 meses de subsidio competir con la economía sumergida del narcotráfico y el contrabando que permea la frontera?

La seguridad en 2026 ya no se mide únicamente en bajas en combate, sino en la soberanía ciudadana. Mientras el Gobierno defiende que se ha salvado la vida de miles de soldados y guerrilleros, la oposición y sectores civiles señalan que la "Paz Total" ha sido, en ocasiones, una "paz permisiva" que ha cedido control territorial.

Colombia se encuentra hoy en una encrucijada estadística y moral. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el éxito de esta política no se juzgará por la voluntad de diálogo en las mesas de negociación, sino por la capacidad de un residente de El Escobal o Juan Atalaya para caminar por sus calles sin pagar el "impuesto" del miedo. 

La paz, para ser total, debe dejar de ser un concepto macroeconómico para convertirse en una experiencia cotidiana.

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