En una columna de opinión publicada en El Tiempo el domingo  9  de agosto de 2015, el presidente Juan Manuel Santos reafirma su compromiso de Gobierno en estos términos: “Al cumplirse mi quinto año de gobierno, recuerdo el compromiso que hice ante los colombianos el 7 de agosto de 2010: “A los pobres de Colombia no les fallaremos”. 

Y agrega: “Esa no fue una promesa vacía, sino que corresponde a mi convicción de que nuestro país no puede seguir teniendo esos enormes niveles de desigualdad que nos avergüenzan, que frenan nuestro progreso y nos llaman a la acción”.

La promesa del Presidente no puede darse por cumplida. 

Requiere de muchas más acciones, como él mismo lo dice, a fin de recortar, hasta superarla en su totalidad, la brecha de la pobreza y de otras situaciones que  hacen ostensible la falta de equidad y de justicia.

A los colombianos todos y en especial a quienes gobiernan o tienen funciones públicas y responsabilidades de poder hay que infundirles una conducta coherente en sus actos. 

Porque no es correcto predicar unos principios y trazar unas orientaciones y luego incurrir en decisiones contrarias. O, como lo enseña el adagio popular, no es de buen recibo “borrar con el codo lo que  se escribe con la mano”.

Y no se trata solamente de recortar los índices de la pobreza sino de poner a la nación en el rumbo de la democracia y de la decencia, todo en función de la paz  y la igualdad. 

Que los recursos públicos no sean el botín de los delincuentes de cuello blanco para el enriquecimiento ilícito. Que las entidades del Estado no sean manejadas como la propiedad privada de unos cuantos como sucede con universidades y otras agencias oficiales donde cualquier gamonal se apodera de lo que esté a su alcance con la complicidad de quienes manejan los entes de control y de gobernantes sin escrúpulos o de políticos también proclives al abuso de poder.

Para el cumplimiento de los fines que el Presidente ha asumido tendrá que tomar en cuenta la conducta de los servidores públicos en las diferentes entidades. Sus políticas bien intencionadas se caen cuando los encargados de ejecutarlas deciden con desfachatez desviarlas a fin de favorecer intereses particulares. Conviene que al respecto el escrutinio de los resultados sea más riguroso,  medido libre de